Decía Kruschev que los políticos son iguales en todas partes: prometen construir puentes incluso donde no existen ríos. Y es que todos los días sobran ejemplos para acentuar la extendida percepción de que los políticos habitan un mundo alterno, de que sus prioridades no coinciden con las necesidades ciudadanas más apremiantes ni sus decisiones van encaminadas a la solución de problemas. Es más, a veces (porque no siempre lo hacen) les toca apagar los fuegos que ellos mismos viven provocando.

Al pronunciar todos esos nombres genéricos como “el gobierno”, “la clase política”, “la clase gobernante”, “los funcionarios”, “el aparato burocrático”, pareciera que nos referimos a un ente distante y etéreo que vive tras un velo impenetrable, pero no debemos olvidar que detrás de esas abstracciones jerárquicas hay grupos de personas que están allí para ofrecer resultados, tomar decisiones de beneficio común y rendir cuentas; ese ente que tanto nos cuesta mantener está ahí para ofrecer soluciones, no para improvisar. Y si de improvisación gubernamental se trata, en La Laguna hay por estos días dos botones de muestra que han encendido el fastidio ciudadano: la ineptitud del gobierno estatal para resolver el caos que ha significado la renovación de las licencias de conducir y el ridículo que hicieron las autoridades municipales al pretender implementar la tolerancia cero en el programa de verificación vehicular sin tener un mecanismo claro para hacerlo cumplir.

En el primer caso, el pasado Buen Fin, el gobierno de Coahuila otorgó descuentos del 50% en las licencias de conducir y la demanda se desbordó a tal punto que aunque se preveía realizar los trámites a través de un sistema de citas que concluiría el 31 de enero, éste se ha extendido por lo menos hasta abril. No sólo las tardadas filas han ocasionado crispación entre ciudadanos que deben perder días laborales por ir a cumplir con el trámite, sino también la presencia de “coyotes” que, según denuncias ciudadanas, venden los turnos a personas desesperadas por salir del viacrucis, ocasionando que otras que llegan a formarse desde la madrugada ya no alcancen lugar. Y todas esas irregularidades ocurren a la vista de autoridades que no mueven un dedo para controlar la situación.

En el segundo caso, nadie discute que la verificación vehicular es una medida necesaria para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, sobretodo si estas proceden en un 80% de fuentes móviles, como ocurre en La Laguna. Históricamente, no ha existido en Torreón una cultura de responsabilidad en este tema: hace una década, apenas un 20% de la totalidad de vehículos particulares que circulaban en el municipio, acudían debidamente a verificación, y el promedio no se movió mucho desde entonces.

Hay una imperante necesidad de hacer cumplir el reglamento, que marca la obligatoriedad de la verificación vehicular. El problema es que la autoridad municipal trató de ejercer un rigor que rebasaba sus capacidades. En un tono cargado de severidad, se anunció que durante marzo todos los vehículos con terminación de placa “cero” debían verificarse, en abril correspondía a los de terminación “uno” y así en orden ascendente hasta llegar a diciembre con la terminación “nueve”; de no tener la verificación, los agentes de tránsito comenzarían a detener e infraccionar, basados en ese calendario, a los vehículos que no tuvieran el engomado ambiental y eso incluía a foráneos de otros municipios laguneros de Coahuila y Durango. Ese fue otro error: pretender medir con la misma vara a ciudadanos que no son de Torreón, pues dado que sus municipios no cuentan con centro de verificación, debían acudir necesariamente al único centro de esta ciudad para evitar el riesgo de multa cuando circulen por el municipio. Tal criterio fue tachado de injusto y de meramente recaudatorio.

Al final, nada resultó como fue anunciado: al acumularse las largas filas en el único centro de verificación existente y de tenerse qué limitar los turnos a sólo veinte por día, aumentando la crispación, la Dirección de Medio Ambiente tuvo qué anunciar un nuevo calendario para vehículos particulares: terminaciones “cero” y “uno” en julio, “dos” y “tres” en agosto, hasta llegar a “ocho” y “nueve” en noviembre. Y todo porque parece que no se previó que los taxis, por la renovación del tarjetón, debían verificarse a más tardar el 29 de marzo y por ello se rebasó la capacidad del único centro de verificación vehicular existente en el municipio. Se pidió a los ciudadanos que quieran adelantarse al calendario a que acudan a partir de abril, con descuentos del 50% a quienes vayan antes de julio, pues las multas comenzarán en agosto. Y aunque se prometió anunciar un nuevo centro de verificación e incluso convenios con agencias automotrices para apoyar el programa, la lógica indica que esos debieron haber sido los primeros pasos y luego, hasta que hubiera un mecanismo claro y bien difundido, haber salido con lo que hicieron primero: un mensaje de severidad que, al final, sólo incrementó la sensación de ridículo estropicio.

Y aunque las autoridades también deben mostrar capacidad de reacción y toma de decisiones con base en la dinámica de las circunstancias, el hacer notorio que una estrategia se les cae de las manos porque desde un inicio se evidenciaba que no había cimientos para cumplirla, termina enviando un pésimo mensaje a la ciudadanía. La poca planeación y la improvisación no pueden volverse signos característicos de un gobierno, como tampoco pueden serlo la indolencia y el valemadrismo en una ciudadanía que aspira a madurar, porque en el fortalecimiento del estado de derecho, todos tenemos responsabilidad. Si Kruschev decía que los políticos prometen puentes donde no existen ríos, también cabe la famosa cita de Konrad Adenauer: la política es demasiado importante como para dejársela sólo a los políticos.