Ilustración: Alejandro Medina
La lucha contra la corrupción en México no puede -no debe- recurrir a la aplicación de medidas que, si no son abiertamente ilegales, están cerca de rebasar límites

La violencia desatada en Culiacán por el enfrentamiento entre presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa y fuerzas de seguridad, continúa siendo el acontecimiento más importante en el País que parece permanecer en shock después de las escaramuzas que parecen haber perdido “los buenos”.

Y es que la repetitiva pero inacabada explicación que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un intento por justificar su decisión de dejar libre al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán para suspender los tiroteos en la capital sinaloense, no tranquiliza ni a sus más fieles seguidores.

Salvo que surja información que hasta ahora es desconocida por la ciudadanía, todo lo que se ha dicho de manera oficial, igual que las versiones extraoficiales, sobre el tiroteo en Culiacán, no deja duda de que la peor parte del choque se lo llevaron los policías y militares.

Aún no se completa el recuento de los daños, pero ya se oficializó el número de decesos en 14 personas, entre elementos de las fuerzas armadas, presuntos delincuentes y civiles inocentes que quedaron en medio del fuego cruzado.

Por los inocentes caídos, y por la sociedad agraviada y necesitada de seguridad, las autoridades deben acabar con el discurso que divide, que niega los derechos de quienes no opinan como ellas y acaban generando odios al diferente, y buscando donde no están las causas de los problemas que tenemos como sociedad. Se lucha contra la corrupción, bien; pero los delincuentes organizados no pueden estar exentos de ser investigados y castigados de acuerdo a nuestras leyes. Y la responsabilidad no es únicamente del Ejecutivo federal y los gobiernos estatal y municipal. Se necesita también de un Poder Legislativo responsable y que no sea, como parece más frecuentemente de lo conveniente, un lastre social.

Desde luego, el tercer sostén en la lucha contra el Mal -para decirlo con el presidente López Obrador- es el Poder Judicial. En diversos países, se han registrado intentos de someter a los juzgadores y utilizarlos con fines políticos. Caso aparte es la utilización de las leyes para atacar y silenciar a medios de comunicación y periodistas independientes.

Así las cosas, los derechos humanos son un flanco débil, pero ello no debe desalentar la persecución del delito, ni el castigo a la violación del Estado de Derecho. La justicia no es un arma política, ni debe envalentonar a los grupos criminales.