Sin brújula ni estrategia
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El suelo todavía se sacude, las columnas de humo aún no se disipan. Da la impresión de que el País transita, en un abrumador aturdimiento, por esa atmósfera de falsa quietud que se instala después de una catástrofe. La seguidilla de hechos violentos la hemos sobreanalizado en los últimos días: los 14 policías emboscados en Aguililla, Michoacán; los 15 muertos en un enfrentamiento con militares en Tepochica, Guerrero; los aberrantes acontecimientos de Culiacán que dejaron al menos ocho muertos, 51 reos fugados y la captura y posterior liberación de uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán... o de dos, según la versión del New York Times, que citando fuentes anónimas aseguró que antes de aprehender y liberar a Ovidio Guzmán, las autoridades mexicanas habían hecho lo mismo con Iván Archivaldo, otro de los hijos del otrora líder del Cártel de Sinaloa.
Todo ello justo cuando 2019 se sigue consolidando como el año más violento del que se tenga registro, con la escabrosa cifra de 29 mil 629 personas asesinadas en los 10 meses del actual Gobierno Federal. Pero no solamente el homicidio doloso se ha incrementado: según el Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre el secuestro aumentó 6.5 por ciento, el narcomenudeo 21.6 por ciento, la trata de personas 29 por ciento y la extorsión 35 por ciento. Y si nos adentramos al terreno de los delitos sexuales, encontramos que en el mismo lapso se han iniciado 38 mil 357 carpetas de investigación por violación, es decir: en este País hay una violación cada 10 minutos.
Más allá del ridículo que hicieron las autoridades en Culiacán (un 68.3 por ciento de los mexicanos, según la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, consideró que las fuerzas de seguridad mexicanas se vieron humilladas tras la liberación de Ovidio Guzmán), lo que quedó acentuado de forma aberrante es la falta de una estrategia integral y bien articulada en materia de seguridad. El País está en llamas y pareciera que el gobierno de la 4T no mete ni las manos.
Y por si no fueran suficientes todas estas sacudidas, la semana nos entregó otra estampa deleznable: el martes, antes del amanecer, 300 alcaldes, principalmente panistas, se manifestaron a las puertas de Palacio Nacional al grito de “¡Queremos audiencia!” y “¡Somos pueblo!”. ¿La intención? Convencer al presidente López Obrador de no aplicar los recortes programados para el 2020 al rubro de seguridad pública. ¿La respuesta? Los ediles fueron dispersados con gas lacrimógeno.
Entre los munícipes inconformes se encontraba el de Torreón, Jorge Zermeño Infante, quien reprochó que la ciudad recibió en 2018 un monto de 27 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública Municipal (Fortaseg), pero la cantidad se redujo a 19.8 millones este año y se pretende que en 2020 baje a poco más de 9 millones. Con esa bolsa, que integra mayormente recursos federales, los municipios capacitan y dotan de equipo a sus históricamente debilitadas y vulnerables policías preventivas.
Los otros municipios conurbados de La Laguna no respiran mejor: Gómez Palacio recibió este año 11.3 millones de pesos del Fortaseg y al día de hoy tiene 23 patrullas descompuestas; y de las 84 que como mínimo debería tener para patrullar 229 colonias y 100 ejidos, sólo cuenta con 24. Lerdo, que recibió 7.5 millones de pesos del Fortaseg este año, alcanzó a comprar con la segunda ministración una patrulla y un puñado de chalecos, además de enviar a sus elementos a capacitación. Para 2020 esa bolsa federal se le reducirá en un 25 por ciento. Y dirá que le fue bien, porque tanto Lerdo como Gómez Palacio estuvieron a punto de ser cepillados este 2019 de la lista de municipios que reciben aportaciones del Fortaseg.
La inquina que ocasionan estos recortes evidencia, de paso, lo dependientes que son los municipios de la federación, la poca capacidad que tienen para recaudar y para gestionar sus propias corporaciones preventivas. Pero además estos recortes vuelven a poner el foco en el problema inicial: la falta de una estrategia clara. Ningún plan de seguridad funcionará si todas las expectativas siguen reposando en una corporación tan afantasmada, tan invisible como la Guardia Nacional, que nadie sabe bien a bien cómo está desplegada o cuáles son sus funciones específicas.
Y tampoco funcionará ningún plan de seguridad que no contemple el fortalecimiento de las policías preventivas, esas que según la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial reportan que 8 de cada 10 de sus elementos tienen sobrepeso u obesidad, que 2 de cada 10 están activos sin sentirse debidamente capacitados, que 9 de cada 10 han tenido que comprar de su propio bolsillo algún instrumento para desempeñar su función (esposas, lámparas, equipo de radiocomunicación, chalecos, celulares o megáfonos), esas de las que 5 de cada 10 ciudadanos desconfía y que 7 de cada 10 considera corruptas. Y esa deleznable radiografía también contribuye, en cierto modo, a explicar por qué la gráfica delictiva ha crecido sin freno.
@manuserrato
Manuel Serrato
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