El combate a la corrupción y al gasto superfluo de los recursos no puede hacerse a cualquier costo

La supresión de prácticamente todos los fondos extraordinarios de los cuales las universidades públicas del País obtenían recursos para solventar necesidades específicas, ha colocado al sistema de educación superior en la ruta de la crisis, de acuerdo con el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez.


para el 2021 si lo que acordó la Cámara de Diputados (en el presupuesto de egresos de la Federación) no se cambia, todas las universidades del País, sin excepción de ninguna, van a estar en crisis financiera”, afirmó el dirigente universitario en entrevista para VANGUARDIA.

Pero al formular su diagnóstico, Hernández Vélez fue incluso más allá: no serán solamente las 34 universidades autónomas de los estados las que entrarán en crisis, sino todo el sistema de educación superior del País, incluidos los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas y, en general, todas las instituciones que dependen del presupuesto público.

La desaparición de fondos que permitían a estas instituciones financiar proyectos de infraestructura, ampliación de su matrícula, mejoramiento del profesorado, mantenimiento y pensiones, entre otros, implica haber retirado alrededor del 98 por ciento de los recursos extraordinarios a los cuales podían recurrir las instituciones y que sumaban más de 11 mil millones de pesos.

Para 2021, de acuerdo con lo aprobado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la única bolsa extraordinaria de recursos que deberán disputarse la totalidad de las universidades contará con apenas 130 millones de pesos.

Estamos hablando de un problema de proporciones mayúsculas, no solamente por el hecho de que las universidades públicas del País enfrentarán serios problemas para atender múltiples necesidades, sino porque eso se traducirá en una menor inclusión de los jóvenes mexicanos a la educación superior.

Una de las cifras más alarmantes que Hernández Vélez expuso es la relativa al hecho de que México tiene, entre todos los países de América Latina, la tasa más baja de absorción de los estudiantes que egresan del nivel medio superior: apenas 39 por ciento de quienes egresan de la preparatoria pueden aspirar a estudiar una carrera.

El argumento con el cual el Gobierno de la República intenta sostener su política de recortes indiscriminados al gasto público es la existencia de dispendios y actos de corrupción. Sin duda se trata de dos señalamientos ciertos y de conductas que deben combatirse sin contemplaciones.

Pero el combate a la corrupción y al gasto superfluo de los recursos no puede hacerse a cualquier costo, sino de forma que resuelva el problema que ya existe sin generar otros nuevos y acaso peores.

Para desgracia colectiva, la ruta que se está siguiendo parece condensar lo peor de los dos mundos: ni se resuelve el problema de la corrupción y el dispendio, ni se abona a la consolidación de una modelo educativo que garantice mejores oportunidades para todos.

Urge una rectificación en este sentido.