Sólo 2 de cada diez violaciones ocurridas en la CDMX son castigadas

Por Alejandra Crail (@AleCrail ) // Más por Más  para Animal Político

Victoria tiene 27 años y fue violada por dos compañeros de trabajo. El crimen ocurrió la madrugada del 25 de abril de 2015 cuando, recuerda, los tres salieron a festejar que uno de los hombres acababa de rentar casa. Después de unos tragos, le ofrecieron cocaína y, aunque ella la rechazó, la obligaron a consumirla.

Luego de que la drogaron y abusaron de ella, Victoria —quien pidió ser citada con un pseudónimo— logró recuperarse y acudió a denunciar el hecho ante la Procuraduría capitalina (PGJDF). Sin embargo, hasta la fecha sigue esperando justicia y acusa que la institución ha actuado de forma omisa.

Su caso es uno de los tres mil 813 que la dependencia abrió entre 2011 y 2015, según datos oficiales, y también forma parte del 68% que aún no llega hasta el Tribunal Superior de Justicia local (TSJ).

Especialistas en seguridad y justicia coinciden en que las malas prácticas de funcionarios públicos que investigan delitos sexuales llevan a que un alto número de ellos quede impune. Según cifras del TSJ, en los cuatro años anteriores se emitieron 738 sentencias condenatorias en casos de violación, es decir, el equivalente a apenas 19% de los denunciados.

Inés también ha padecido lo anterior. La adolescente fue violada por su tío hace tres años y todavía espera respuesta.

Como ocurrió con Victoria, sostuvo una sesión de 50 minutos con una psicóloga de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la procuraduría, quien concluyó que su condición mental impedía acreditar si había existido o no una agresión.

En los dos casos intervino un médico legista que revisó a las víctimas. Sin embargo, advierten los expertos, éste no aclaró que la falta de señales evidentes —como ausencia de fluidos o marcas de violencia— no basta para determinar que alguien no fue agredido sexualmente.

“La falta de dictámenes serios y detallados provoca que se acumulen los expedientes y que se desechen los casos”, dice Rosalba Cruz, de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), quien añade que la capital está ante un problema de género debido a que las víctimas suelen ser mujeres y niñas.

Este punto de vista es compartido por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital (CDHDF), Perla Gómez, quien explica que el organismo ha registrado de ocasiones en que la procuraduría ha sido omisa en analizar casos.

“[Para] dar justicia en este tema es la palabra de una persona contra la de otra, lo que convierte el litigio en algo cansado, agotador, desgastante y descorazonador desde el punto de vista de la víctima”, reconoce Teresa Incháustegui, titular del Instituto de las Mujeres local, quien afirma que el problema es nacional y requiere redoblar la capacitación de jueces y agentes.

Para hablar del asunto, Máspormás pidió entrevistas con la procuraduría y con el TSJ, pero no obtuvo respuesta.

Gustavo Fondevila, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala que el hecho de que 75% de las denuncias por violación involucre a personas de confianza —como familiares, amigos, vecinos o maestros— es un reflejo de que la sociedad sigue cosificando y menospreciando a las mujeres.

“Una mujer, aunque las autoridades digan lo contrario, está más segura en la calle que en su propia casa”, dice.
En 2015, números al alza

Otro sector vulnerable es el de los menores de edad, en especial quienes están por debajo de los 10 años.

Manuel representa a este grupo de víctimas. Cuando tenía ocho años fue violado por un vecino y el caso fue desechado por lo que las autoridades catalogaron como falta de pruebas, pues el menor describió lo ocurrido pero no pudo precisar el momento y el lugar del crimen.

Según Adivac, muchos menores ni siquiera saben que lo que sufren es una violación, y esto hace casi imposible que se castigue al culpable. “Para los niños es muy difícil determinar que la agresión que sufrieron es un delito y debe ser castigado, porque quien lo cometió regularmente es una persona de confianza a quien no quieren castigar”, explica Cruz.

El académico Gustavo Fondevila, además, advierte que la cifra negra de este delito es alta porque un elevado porcentaje de víctimas y familias opta por no denunciar debido a las repercusiones sociales de estos hechos. Según sus estimaciones, únicamente una de cada 10 violaciones que se cometen en la capital llega hasta la procuraduría.

Aun así, la cifra de casos de 2015 representó un alza de 33% respecto de 2014, pues de 533 pasó a 711. Con ello, la ciudad ocupó el quinto lugar con más investigaciones abiertas a nivel nacional, sólo debajo de Guanajuato (724), Chiapas (741), Chihuahua (917) y el Estado de México (mil 545).

La Constitución y otras normas señalan que una víctima está facultada para:

    Interponer una denuncia en cualquier agencia de investigación sin que nadie le niegue el servicio. Asimismo, tiene derecho a ratificar su denuncia de inmediato sólo con presentar identificación.
    La víctima también puede exigir asistencia jurídica gratuita durante la integración de la averiguación previa y todo el proceso penal, así como que se le designe un abogado.
    Otro derecho es el de la privacidad, es decir, a que sus datos personales se mantengan en secreto.
    La víctima tiene derecho a colaborar con la procuraduría para integrar pruebas que acrediten la responsabilidad de las personas señaladas, así como a conocer el expediente de su caso.
    También tiene derecho a que se dicten medidas de protección cuando esté en riesgo su vida o su integridad física o psicológica.

La violencia sexual en el mundo

La ONU señala que, a nivel mundial, siete de cada 10 mujeres sufren violencia sexual en algún punto de su vida. Por ejemplo, las mujeres de entre 15 y 44 años tienen más probabilidades de ser violadas en sus casas que de padecer cáncer o malaria, estar en un accidente vial o enfrentarse a un conflicto bélico. Según el organismo multilateral, la situación tiene costos directos, como los que implica atender a las víctimas, e indirectos, como los que son resultado de la pérdida de productividad.