Sonora contratará a personal a través de outsourcing; aumentará 80% planta laboral operativa de la Cedes

HERMOSILLO.- A través de una licitación que excluye la participación de cualquier empresa que no tenga su domicilio fiscal en Hermosillo, el gobierno de Sonora busca hacerse de los servicios de 86 empleados bajo un modelo de subcontratación que incumpliría la Ley Federal del Trabajo.

El concurso público para contratar a una empresa que se encargue de los procesos de reclutamiento, selección, suministro y administración de 86 personas que ocuparán múltiples puestos en la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), fue lanzado este mes y los interesados deberán presentar su propuesta técnica y económica el 27 de febrero.

El área de contrataciones evaluará durante las siguientes 24 horas toda la documentación y ofertas económicas recibidas, y anunciará el 28 de febrero a la empresa que resulte ganadora del contrato con una duración de 10 meses (del 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020), que por parte de la Cedes será vigilado y administrado para su cumplimiento por la directora de Recursos Humanos, Cynthia María Contreras Pavlovich, prima directa de la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano.

El Malpensado solicitó desde hace dos semanas, en reiteradas ocasiones, entrevistas vía telefónica a la oficina de prensa de la Cedes, para conocer, entre otros temas, el objetivo de la contratación de 86 empleados, que aumentaría en 80% la planta laboral operativa; sin embargo, las peticiones no tuvieron respuesta satisfactoria.

Exceptuando las 30 personas que tienen un puesto directivo, que van desde el titular de la Comisión, Luis Carlos Romo Salazar, hasta los niveles de directores generales, directores y subdirectores de área, la Cedes reporta en su portal de transparencia una plantilla de 107 trabajadores de base y de confianza, que realizan labores operativas en las oficinas de la dependencia, en el Centro Ecológico, en Hermosillo; o en el delfinario, en Guaymas.

En el anexo 1 de las bases de la convocatoria, la justificación que se presenta para excluir a empresas que no están ubicadas en Hermosillo es que la mayoría de los empleados subcontratados prestarán sus servicios en esta ciudad, y por ese motivo se deberá contar con el domicilio fiscal en la misma capital sonorense.

Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Ciudad Obregón, Julio César Pablos Ruiz, es cuestionable utilizar la posibilidad que ofrece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en Sonora, de restringir la licitación a un solo municipio y limitar la participación de empresas sonorenses y nacionales que pudieran competir en calidad y precio, además de considerar que las condiciones de ley no permiten una subcontratación bajo los términos planteados en la licitación.

La Ley Federal del Trabajo determina que la subcontratación no podrá comprender labores iguales o similares a las que ya desempeñan el resto de los trabajadores que son parte de la plantilla del contratante, en este caso el gobierno del estado, y solo podrá darse cuando tienen un carácter especializado.

El presidente de Canacintra en Ciudad Obregón agregó que además de esta disposición a nivel federal, se encuentran otros tres puntos muy relevantes que deben cumplir las empresas de subcontratación: contar con un domicilio establecido, tener la capacidad de prestar el servicio que se solicita y, principalmente, estar especializadas en el servicio que van a prestar.

“No están contratando (un servicio específico como) el servicio de limpieza, el servicio de vigilancia, el servicio de alimentos, no, no, no. Están contratando personal que requiere esta área de gobierno. Como no se dedican a eso, quiere decir que violan alguno de estos tres preceptos”, explicó Pablos Ruiz.

Entre los puestos que se solicitan se encuentran asistentes de mantenimiento, auxiliares contables, asesores jurídicos, además de un asistente de compras y un encargado de licitaciones.

Este último caso, en opinión del presidente de Canacintra es delicado, porque se trata de un personaje que tendrá acceso a información privilegiada de procesos donde está en juego la entrega de recursos económicos, y no es claro si se le aplicarán las mismas leyes que a los empleados directos del gobierno estatal, o si será la empresa contratada a quien se investigue en caso de alguna responsabilidad legal o administrativa.

“Yo creo que estamos en tiempos de optimización de recursos. Gran parte del presupuesto de lo estatal, de lo federal, de lo municipal, se va al gasto corriente que incluye, sobre todo, el tema de personal, en vez de mandarlo a otras áreas que son más importantes…

“Yo creo que esta es la parte más debatible: si se va a considerar bajo la Ley de Responsabilidad Administrativa a esta persona (que se encargaría de las licitaciones) que ni siquiera sería un funcionario público como tal; y el segundo punto es por qué están contratando a través del outsourcing. Eso se me hace rarísimo”, reflexionó.

De presentarse cualquier tipo de violación de los artículos referentes a la subcontratación, la Ley Federal del Trabajo contempla que el contratante de los servicios quedará obligado a cumplir con las obligaciones fiscales como si fuera el empleador directo, es decir, deberá pagar sus aportaciones de seguridad social y prestar servicios de salud, además de que el trabajador obtendrá los mismos derechos que los anteriormente contratados directamente por el patrón.

Para esta investigación también se solicitaron entrevistas con los encargados de atención a medios del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes), que lidera Luis Antonio Castro Ruiz; y de la CTM Sonora, a cargo de Javier Villarreal Gámez, pero no dieron respuesta ni posible fecha de la entrevista.

NOTA:

Al inicio del proceso de licitación, el anexo 1 de las bases de la convocatoria, con los requerimientos técnicos para prestar el servicio, la Cedes solicitaba la cobertura de 104 puestos de trabajo; sin embargo, tras la junta de aclaraciones realizada el 18 de febrero, anunció la eliminación de un total de 18 plazas, principalmente destinadas a la operación del Centro Ecológico y del Delfinario, quedando el requerimiento en 86 personas a subcontratar.

En la misma junta de aclaraciones estableció un nuevo requisito: “deberá entregar el documento denominado ‘Opinión sobre situación fiscal para fines de licitaciones estatales’”.

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB).