Sufren organismos autónomos ausencia de perfiles; convierten a activistas en burócratas
¿Por qué hay ‘ciudadanos’ que saltan de una institución autónoma a otra?, ¿no hay más personas interesadas en la democracia participativa?
TEXTO: ÉDGAR GONZÁLEZ
La ausencia de perfiles ciudadanos y académicos en la búsqueda de espacios en organismos autónomos dedicados a la transparencia, el combate a la corrupción y el ámbito electoral en Coahuila, está ocasionando que se “reciclen” a los mismos funcionarios y que estas dependencias sirvan sólo como trampolín para llegar al sector público.
Los casos más recientes han ocurrido en el Sistema Estatal Anticorrupción, pero no escapan el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el Tribunal Electoral de Coahuila (TEC), el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) y hasta la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila (CDHEC).
Incluso en el Sistema Anticorrupción, al renovarse parte del Consejo Ciudadano de Participación (CPC), se presentaron perfiles de ciudadanos que están en asociaciones civiles con activistas enfocados de este tema y extrañamente no fueron seleccionados, como es el caso de Alejandra Wade Villanueva, quien dirige el Consejo Cívico de las Instituciones en Coahuila.
Apenas hace unos días se definió que Manuel Gil Navarro llegue a dirigir la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, pese a la existencia de varios perfiles con trayectoria, para ocupar el puesto.
Gil Navarro, en efecto, es el más preparado y con mayor experiencia en el Sistema Anticorrupción, por lo que podrá darle continuidad a proyectos de políticas públicas, pero es parte de un círculo de funcionarios que ya han estado en organismos autónomos.
Manuel entró a la función pública como consejero del ICAI y de ahí pasó al IEPC, que más tarde desapareció para dar paso al IEC.
Le tocó iniciar como presidente el Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila junto con otros consejeros que aún están en el cargo, porque únicamente él fue electo por un período de un año.
Estar al frente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción no es cosa menor, porque de acuerdo con la Ley, esta dependencia tiene el control no sólo del presupuesto, sino también de la operatividad del Sistema.
ICAI, las mismas caras
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, también diseñado para que ciudadanos llegaran al órgano garante de la transparencia, se haya copado por los perfiles repetidos.
El ICAI está en los límites legales para emitir la convocatoria para el cambio de uno de sus comisionados, pero en la elección anterior también participaron funcionarios del propio instituto y fue precisamente uno de ellos, Javier Díez de Urdanivia de Valle, el elegido para integrarse al órgano.
En 2017 el ICAI eligió a dos nuevos comisionados que rindieron protesta ante el Congreso Estatal. Díez de Urdanivia de Valle, quien ya era funcionario del Instituto, y Bertha Icela Mata Ortiz, que también participaba como servidora pública en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.
La convocatoria atrajo a una amplia participación con 23 perfiles inscritos; sin embargo, en su mayoría eran también ex funcionarios, ex consejeros de organismos autónomos, así como personas claramente ligadas al PRI.
En los próximos días el ICAI deberá lanzar la convocatoria para sustituir en su Consejo al comisionado Alfonso Villarreal, quien también fue presidente de este Instituto.
El ICAI ha servido además para dar cobijo a ex funcionarios públicos, mismos que también utilizan al organismo como colchón político y electoral. Su ex presidenta, Teresa Guajardo Berlanga, primero dejó el cargo para ser candidata del PRI a Diputada local pero, derrotada en las urnas, entró al gabinete estatal como Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Renovar sin ciudadanos
Este mismo mes, en el Instituto Electoral de Coahuila se renovó casi la mitad del Consejo General luego que tres consejeros terminaron su período; sin embargo, a la convocatoria –poco difundida– respondieron en su mayoría funcionarios y ex funcionarios del propio instituto, y del Instituto Nacional Electoral (INE), pero pocos ciudadanos sin ninguna vinculación a esos órganos.
Además muchos de los aspirantes eran burócratas y ex servidores estatales, que con el cambio de administración, habían perdido el empleo y buscaban un lugar para aterrizar en la nómina pública.
El resultado fue predecible y durante siete años son nuevos consejeros “ciudadanos”, un funcionario del Congreso de Coahuila y del Tribunal de Justicia Administrativa: Juan Carlos Cisneros Ruiz; una ex funcionaria estatal: Beatriz Rodríguez Villanueva, y un funcionario del INE y con experiencia en el trabajo parlamentario: Juan Antonio Silva Espinoza.
Vale reconocer que a la convocatoria para contender por los cargos mencionados respondieron pocos ciudadanos y de ellos se fueron eliminando por el riguroso método de selección del INE.
Nuevo Tribunal
También en esta misma semana tomó protesta como nuevo magistrado del Tribunal Electoral de Coahuila, Sergio Díaz Rendón, quien la mayor parte de su vida la ha dedicado a la academia.
El Senado de la República estuvo a punto de nombrar a Alejandro González Estrada, actual consejero del IEC, como nuevo magistrado, pero la intervención del legislador de Morena, Armando Guadiana, lo impidió. Así, González Estrada se quedó sin alcanzar las dos terceras partes de los senadores, lo que automáticamente lo dejó fuera.
De igual manera, la respuesta para la convocatoria para suplir al magistrado presidente del TEC, Valeriano Valdés, quien termina su encargo en diciembre; fue amplia, pero intentaron reciclar perfiles conocidos, como ex consejeros electorales.
Si bien el Tribunal Electoral se salva de no contar con un perfil reciclado, sí hubo registros de las mismas personas que buscaron ser consejeros del IEC, lo que denota la ausencia de más ciudadanos con preparación académica acorde, interesados en ocupar cargos en los cuales es importante no tener antecedentes partidistas.
La CDHEC está copada
La Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila es un caso aparte, pero merece ser mencionado por las implicaciones que su actuación tiene para la ciudadanía.
En las anteriores administraciones han desfilado por la CDHEC ex funcionarios e integrantes del Poder Judicial, sin abrir el espacio a verdaderos activistas defensores de los derechos humanos.
El primer presidente de la CDHEC fue Javier Villarreal Lozano en el período de 1992 a 1995; su perfil de historiador y académico no tiene ningún tipo de cuestionamiento, porque siempre se ha dedicado a la academia.
De 1995 al 2001 llegó María Elena Rebollozo Márquez, quien al igual que Villarreal Lozano, tuvieron un desempeño bastante aceptable en la incipiente defensa de los derechos humanos con las pocas herramientas jurídicas que había en el momento.
Sin embargo, a partir del 2001 la CDHEC empieza a ser controlada por el poder gobernante, cuando llega Miriam Cárdenas Cantú (2001-2005) quien, a la postre se convertiría primero en magistrada, después en Diputada federal por el PRI, y enseguida Magistrada Presidenta del Poder Judicial de Coahuila, demostrando un claro vínculo con el Poder Ejecutivo.
El paso de Luis Fernando García Rodríguez en el período 2006-2009, también ex funcionario del Poder Judicial de Coahuila, fue accidentado, precisamente por no acceder a las pretensiones del Gobernador en turno.
Pero a partir de la salida del ex juzgador se acentúo en la CDHEC el control: primero llegó Luis Arizpe Jiménez, del 2009 al 2011, quien en su carrera como funcionario público fue Alcalde de Saltillo, pero también Presidente del PRI a nivel estatal.
También de manera efímera llegó Homero Ramos Gloria, en el período 2011-2012. Dirigió el IEPC, fue Secretario de Gobierno, y se convirtió en Procurador General del Estado.
Como transición también llegó a la CDHEC, Armando Luna Canales (2012-2013), quien fue Diputado federal por el PRI y Secretario de Gobierno.
Fue precisamente en 2013 cuando es designado presidente de la Comisión, Xavier Díez de Urdanivia, para concluir su período hasta el año 2019. Su perfil, al igual que sus antecesores está ligado al partido mayoritario y dirigió el Poder Judicial del Estado.
