Tarifas de agua: ¿deben responder a criterios ‘de mercado’?

El acceso al agua potable es, de acuerdo con nuestra Constitución, un derecho de todas las personas, que el Estado debe garantizar. Tener claro este principio, establecido en el artículo 4 de la carta magna, es indispensable antes de entrar a cualquier discusión respecto de la forma en la cual las personas tienen acceso al vital líquido.

Y tener claro lo anterior es necesario, sobre todo, cuando de analizar el costo que implica garantizar ese derecho se trata. No puede soslayarse en ese análisis, desde luego, que la existencia de los sistemas de captación, distribución y entrega de agua implican inversiones permanentes.

Desde esta perspectiva, la pregunta que debe contestarse entonces es, ¿cómo debe financiarse la existencia de dichos sistemas? ¿Debe cargarse la totalidad del costo de los mismos al presupuesto público, o quienes consumimos el agua proveída por estos debemos pagar lo que consumimos?

La segunda pregunta es particularmente compleja porque para responderla deben tenerse en cuenta las asimetrías económicas existentes entre los distintos ciudadanos y en dicha respuesta debe conseguirse el equilibrio entre la obligación del Estado de garantizar el acceso al agua y la necesidad de financiar la existencia del sistema que la distribuye.

¿Cómo se determina de manera justa ese equilibrio? La primera respuesta que se antoja plausible para este cuestionamiento es: evitando que el mecanismo a través del cual se garantiza el derecho opere con criterios empresariales, es decir, como uno que debe generar utilidades económicas.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición relativo a la propuesta, incluida en la iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de Saltillo, para el año 2021, de incrementar en 4.5 por ciento las tarifas del servicio que se provee a través de la empresa Aguas de Saltillo.

Seguramente la propuesta tiene como respaldo un sólido análisis financiero e incluso los ejecutivos de Agsal y/o los funcionarios municipales responsables de la elaboración de la iniciativa podrán decirnos que se trata del “mínimo requerido” para garantizar la operación del sistema.

Sin embargo, al tratarse de una propuesta genérica, que no hace distingos entre los distintos tipos de usuarios y sus capacidades económicas, la autorización del incremento podría poner en riesgo a quienes, por efectos de la crisis económica actual, han perdido su empleo o sufrido una disminución en sus ingresos.

No existe nada en este mundo que pueda considerarse “gratis”, y eso incluye al agua potable. Pero en este caso estamos ante un elemento indispensable para el sustento de cualquier actividad humana, particularmente cuando hablamos de las que involucran a las personas más vulnerables.

Por ello, al realizar cualquier propuesta de incremento en las tarifas de agua potable es indispensable tener en cuenta no solamente el análisis financiero de la empresa, sino la realidad social de miles de personas que tendrían que destinar una mayor parte de su ingreso a obtener dicho servicio.

Resultaría deseable que al discutirse dicha iniciativa en el Congreso, estos argumentos tuvieran un espacio en el debate.