Como es bien sabido, una de las principales banderas de la próxima administración es la revisión de la reforma energética, llevando prácticamente todos los reflectores de su crítica al sector petrolero, lo que pareciera dejar a salvo de cambios sustanciales al sector eléctrico. Sin embargo, dos factores parecieran estar convergiendo para lo contrario: por un lado, las declaraciones del que han nombrado próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, sobre su intención de reducir las tarifas eléctricas; y por el otro, la molestia manifestada por parte de importantes cámaras comerciales e industriales sobre la nueva estructura tarifaria.

La reforma al sector eléctrico pareciera sobresalir como una de las más estables y fuertes, tanto de la reforma energética como de todas las reformas estructurales impulsadas por la administración saliente. Tomando como termómetro las Subastas de Largo Plazo (medio por el cual los Suministradores de Servicios Básicos cumplen sus requisitos de cobertura de energía), en las tres subastas realizadas hasta la fecha se ha registrado una disminución consecutiva en los precios promedio por paquete de MWh y Certificados de Energía Limpia (CEL); además, las adjudicaciones realizadas representan el establecimiento de 66 nuevas centrales de generación eléctrica a partir de fuentes renovables (solar, eólica y geotérmica), acumulando una inversión de 8.6 mil millones de pesos (Prodesen, 2018). Bajos costos, impulso a energía renovables e inversiones millonarias, todo parece ir viento en popa.

Sin embargo, más allá de la innegable disminución de los costos de la energía en las mencionadas subastas, la referencia principal del usuario final es lo reflejado en su factura mensual la cual, mientras el Mercado Eléctrico Mayorista se siga desarrollando, sigue siendo afectada principalmente por las tarifas eléctricas. En noviembre de 2017 la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cumpliendo con lo que le mandata la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), emitió una nueva metodología de cálculo para dichas tarifas, a raíz de lo cual se registraron importantes aumentos de éstas en ciertas zonas del País. Lo anterior, aunado a una no tan afortunada comunicación e implementación, empujo a la CRE a modificar de manera sustancial la metodología al menos tres veces en lo que va del año (Acuerdos A/058/2017, A/017/2018 y A/032/2018), generando un clima de incertidumbre y molestia en diversos sectores de la iniciativa privada, acostumbrados a un esquema tarifario que se actualizaba de manera tendencial y por lo tanto resultaba de fácil predictibilidad.

Bajo este escenario, donde importantes cámaras industriales y comerciales se oponen a la continuación del nuevo esquema tarifario, las palabras de Manuel Bartlett retoman fuerza. El cumplimiento de lo prometido por el próximo titular de la CFE implicaría reformar la LIE para ceder la facultad de establecer tarifas a dicha empresa del Estado, lo cual al resultar en el sinsentido de que sea el mismo actor regulado el que se fije sus propias tarifas, pudiera llevar a más cambios en la Ley. En el mejor de los casos, la facultad de establecer las tarifas podría regresar a la Secretaria de Hacienda (SHCP); sin embargo, volver a un esquema con tarifas eléctricas establecidas por criterios diferentes a los costos del servicio y bajarlas de manera arbitraria, reduciría los incentivos de los usuarios no cautivos (comerciales e industriales) a buscar otras opciones de suministro ofrecidas por el Mercado Eléctrico Mayorista, afectando mortalmente el desarrollo de éste.

Los meses por venir serán críticos para la CRE, la metodología establecida tiene vigencia hasta diciembre de 2018 y en caso de no emitir una metodología convincente y transparente aplicable al menos para 2019, que consiga tranquilizar el clima actual de rechazo al nuevo esquema tarifario, la mesa pareciera estar puesta para que la nueva administración impulse sin mayor contrapeso lo propuesto por el próximo director de la CFE. Es decir, el tema de las tarifas eléctricas pudiera ser el hilo de media por el cual se ponga en riesgo la continuidad de, al parecer, una de las reformas más exitosas del presidente Peña Nieto.

José Antonio Martínez Mendoza

Especialista en energía y medio ambiente

@JosAnto1608

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