TEEC: el arte de ‘resucitar’ organizaciones viciadas

Se ha documentado hasta la saciedad: quienes han integrado y dirigido los partidos políticos locales creados en Coahuila son, en lo individual, personas dedicadas a defraudar la confianza de los ciudadanos y, en lo colectivo, agrupaciones sin respaldo popular.

No es novedad por ello que en la primera ocasión en la cual se les obliga a demostrar que tienen un mínimo de “marca” entre los electores, se revelen incapaces de obtener el porcentaje mínimo de votos necesario para permanecer en el espectro electoral.

Parece claro, sin embargo, que el tema fundamental en relación con los partidos políticos –nacionales y estatales– pasa por el hecho de que una vez obtenido un registro se accede al financiamiento público, y eso es lo que persiguen quienes promueven la formación de nuevas opciones electorales.

El problema es que la experiencia demuestra que la intención no es promover una visión política diferente entre los ciudadanos o un recambio en los usos y costumbres de la clase política, sino participar de los vicios del sistema electoral.

Y la prueba más importante de ello se encuentra en el hecho de que los partidos estatales, a los cuales se les canceló el registro a partir de los resultados de la elección de 2017, fueron multados por incurrir en toda clase de irregularidades en el ejercicio del dinero que les fue entregado con cargo a los bolsillos de los contribuyentes.

Como publicamos en esta edición, los otrora dirigentes de los partidos Joven y Socialdemócrata Independiente buscan nuevamente “revivir” como partido, a pesar de que al momento de su desaparición adeudaran, en conjunto, alrededor de 20 millones de pesos en multas.

Con todo, el Tribunal Electoral de la entidad decidió ayer, luego de diversos aplazamientos, ordenarle al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) –que había rechazado las solicitudes de las 12 asociaciones civiles que pretenden iniciar el proceso de constitución de un partido– “revisar nuevamente” el procedimiento porque al emitir su negativa original “se vulneró el principio de legalidad”. 

Un tecnicismo que desde la perspectiva de quienes imparten justicia fortalece el estado de derecho, pero que desde la perspectiva de los ciudadanos –de cuyos bolsillos sale el dinero que los partidos utilizan para beneficio propio y con el que se paga la nómina de quienes imparten justicia– solamente fortalece la cultura del cinismo que caracteriza a nuestra clase política.

Ahora la pelota está –nuevamente– en la cancha del Instituto Electoral de Coahuila que deberá cumplir con la orden judicial y volver a revisar los documentos, en los cuales se basó originalmente para decir que no debía permitirse a ninguna de las agrupaciones solicitantes iniciar el procedimiento de constitución de un nuevo partido. 

Sólo falta que, a partir de esta nueva revisión, el IEC nos diga que el TEEC tiene razón y que en realidad se equivocaron en sus apreciaciones originales, aunque la verdad es que debieron autorizar desde el principio a las agrupaciones que hoy han recibido una auténtica dosis de “vida artificial”.