Telefónica despide a directivos en México por pagar sobornos a varios alcaldes y gobernadores
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Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, varias empresas internacionales se han visto involucradas en escándalos de corrupción, pero nadie ha sido detenido.
La multinacional Telefónica, dueña de la marca Movistar en México, despidió a directores de este país tras detectar que la compañía estaba pagando sobornos a alcaldes y gobernadores para poder instalar torres de radiocomunicación, informó hoy el portal español de noticias El Confidencial.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, varias empresas internacionales se han visto involucradas en escándalos de corrupción, pero nadie paga. Directivos de la española OHL fueron relacionados con sobornos y tráfico de influencias con varios miembros del gabinete presidencial y con secretarios del Estado de México, y nunca nadie pisó una prisión.
Después vino el caso de Odebrecht: tampoco ha pagado nadie. Hoy The New York Times publica que el Gobierno de México tiene evidencia suficiente para acusar a funcionarios vinculados con el caso de la constructora brasileña, pero no actúa porque afectaría al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Según confirmaron distintas fuentes a El Confidencial, la operadora española tomó la decisión de cesar a sus directivos en México tras recibir denuncias internas sobre actuaciones ilícitas, una corrupción de la que estaba al tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.
“Directivos de Telefónica pagaban sobornos a alcaldes y gobernadores de varios estados de México para poder instalar sus torres de transmisión. Una infraestructura necesaria para poder llegar a un número mayor de clientes y hacer frente a sus principales competidores. A cambio del pago de una comisión, obtenían la licencia. Otras fuentes indican que el fraude partía de las autoridades locales, que pedían a la empresa que pasara por caja de forma ilegal para poder levantar sus postes en sus territorios”, dice la nota firmada por el periodista Agustín Marco.
De acuerdo con El Confidencial, “uno de los países donde Telefónica había detectado actuaciones reprobables era México, su segundo mercado de Latinoamérica donde la compañía española siempre ha tenido muchos problemas para competir en lo que califican de inferioridad de condiciones contra la estadounidense AT&T y la mexicana América Móvil, propiedad del magnate Carlos Slim. Hasta el punto de que, primero César Alierta, y ahora José María Alvárez-Pallete, se han replanteado su permanencia en la primera economía del continente".
En noviembre del pasado año, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a imponer una tarifa de 0.3 pesos por cada minuto de llamada a Telefónica, debido a que la compañía utilizaba la red móvil de América Móvil.
LA SANCIÓN DE LA COMPAÑÍA
El actual presidente de la filial mexicana es Carlos Morales Paulín, quien asumió el cargo en junio de 2016 en sustitución de Francisco Gil Díaz. La investigación de Telefónica se inició a mediados de 2015 y ahora se ha dado por concluida sin especificar las sanciones aplicadas, detalla El Confidencial.
Movistar tiene 25.88 millones de clientes en México y el año pasado reportó a su matriz Telefónica ingresos generales por mil 336 millones de euros, unos 32 mil millones de pesos a tipo de cambio de 24 por uno.
El consejo de administración de Telefónica aprobó el 16 de diciembre de 2015 una política anticorrupción para asegurarse del comportamiento ético de sus consejeros, ejecutivos y empleados en cualquier parte del mundo.
“Esta política establece pautas de comportamiento respecto a la aceptación u ofrecimiento de regalos o invitaciones, prohibiendo cualquier tipo de soborno”, asegura el documento, en el que se especifica que “no se permite prometer, ofrecer o dar cualquier beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, de forma directa o indirecta (a través de un tercero) con el fin de influir en decisiones de cualquier tipo (incluidas las gubernamentales, administrativas o judiciales) u obtener ventajas indebidas para la compañía”, dice el medio español.
De acuerdo con el código de la empresa, los empleados no podrán entregar nada de valor tangible o intangible “a cualquier funcionario público o electo, agente, empleado o persona que actúe en nombre de un gobierno nacional, provincial o local, departamento, agencia, organismo, compañía de propiedad o control estatal, organización pública internacional, partido político o entidad que es financiada mayoritariamente por fondos públicos”.
