Tenga la decencia de renunciar, señor Fiscal
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La noche del miércoles 31 de julio pasado un integrante de la Policía Ministerial de Coahuila asesinó a Marco Tulio, un migrante hondureño de paso por Saltillo rumbo a Estados Unidos. Pero no sólo eso: después de darle muerte intentó convertirlo en criminal… y fue apoyado en tal pretensión por la Fiscalía General de Coahuila.
Afirmar lo anterior no es una conjetura, ni una suposición, ni un señalamiento intencionado, sino la reproducción de lo explícitamente reconocido por la Fiscalía General de Coahuila al corregirse a sí misma en la semana: uno de sus agentes disparó contra un civil inocente sin motivo ni justificación alguna.
Y para no dejar duda sobre el reconocimiento de la responsabilidad institucional, el propio Gobernador del estado decidió no esperar a la sentencia del caso, ni a la emisión de recomendaciones por parte de organismos nacionales o internacionales de defensa de los derechos humanos, y ofreció un paquete de medidas de reparación.
Las acciones, dijo Miguel Ángel Riquelme, pueden ir desde la entrega de recursos económicos hasta el ofrecimiento de residencia, empleo, educación y seguridad social, en Coahuila, para la familia de Marco Tulio.
La reparación, sin embargo, dijo el mandatario, “es lo de menos”. Lo de más es hacer justicia a partir de la solicitud planteada personalmente por él al fiscal Gerardo Márquez el lunes pasado: resolver el caso conforme a derecho y no ocultar información sobre el homicidio.
Muy bien, pero… ¿no es esa la obligación de cualquier fiscal? ¿Acaso el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales y legales de Gerardo Márquez se encuentra supeditada a la existencia de una solicitud expresa por parte del titular del Poder Ejecutivo?
Puesto de otra forma: ¿acaso el fiscal general de Coahuila sólo resuelve, “conforme a derecho y sin ocultar información”, aquellos casos en los cuales media una petición como ésta?
¿En serio debemos ponernos de pie y aplaudir porque en Coahuila el titular del Ejecutivo se tomó la molestia de sugerirle al Fiscal de la entidad la extraordinaria idea de cumplir la ley?
La puntualización anterior es importante porque ayuda a comprender la verdadera naturaleza de las declaraciones y los actos gubernamentales registrados tras el asesinato de Marco Tulio: no derivan de la existencia de un compromiso real por el respeto y la garantía de los derechos humanos.
Lejos de tal posibilidad, la verdad es una muy distinta: la admisión de la responsabilidad y el reconocimiento de lo verdaderamente ocurrido sólo se dio porque en el caso intervinieron, por un lado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, por el otro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Antes de esa intervención, el fiscal Gerardo Márquez intentó encubrir el homicidio, garantizar la impunidad del policía victimario y manipular cuanto fuera necesario la escena del crimen y el expediente respectivo. Y si en un descuido podía hacer pasar por héroe a su agente, pues mucho mejor.
Y esto tampoco es una conjetura sino la crónica puntual de los hechos. Tres días antes de reconocer la verdad –una verdad evidente para todo mundo desde el principio–, el fiscal general de Coahuila salió a proferir un insulto a la inteligencia: el agente homicida había actuado en defensa de su integridad, pues disparó para repeler una agresión.
No existe una sola evidencia de ello y no hacía falta ser especialista en Derecho o en investigaciones criminales para deducirlo. Justamente por ello, Gerardo Márquez fue obligado –literalmente– a tragarse sus declaraciones iniciales y a exhibirse como falsario.
“Se hace hincapié, precisamente, en que el migrante que resulta ahora occiso no tuvo participación alguna, absolutamente ninguna, en los hechos en los que finalmente pierde la vida”, dijo el Fiscal en conferencia de prensa.
“También decirles que, en este sentido, esta Fiscalía reconoce la inocencia y la calidad de víctima de Marco Tulio “N”, quien es quien pierde la vida, y lamenta la comisión de estos hechos por un agente; por el uso excesivo de la fuerza letal”, remató su mea culpa.
Pero el reconocimiento de la verdad no es una prueba de la honestidad de Gerardo Márquez, sino al contrario. El Fiscal mintió a sabiendas cuando ofreció la primera versión de los hechos y hoy está claro el panorama completo: además de mentir intentó encubrir un asesinato, es decir, decidió asumir el papel de cómplice de un delito.
En cualquier lugar decente del mundo tal hecho habría provocado ya la dimisión del Fiscal. Pero no en Coahuila, donde se hace gala de cinismo al confesar el asesinato a mansalva de un ser humano y, después de ello, se presume de ser ejemplo de respeto a los derechos humanos.
Sólo se requiere un gramo de vergüenza y una dosis pequeña de honorabilidad para asumir lo evidente. Tenga esa dosis de vergüenza, señor Fiscal. Rásquele al fondo de sus reservas de honor y tenga la decencia de renunciar.
¡Feliz fin de semana!
@sibaja3
