Integrantes de la Casa del Migrante de Saltillo demandan justicia tras el asesinato de Marco Tulio Perdomo, durante una visita del subsecretario Alejandro Encinas
Lo sospechado desde el principio, en relación con el asesinato del migrante hondureño Marco Tulio Perdomo, ha sido confirmado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila: los elementos al mando del fiscal Gerardo Márquez Guevara, además de actuar con exceso en el uso de la fuerza letal el pasado 31 de julio se condujeron con ánimo delincuencial al intentar criminalizar a la víctima

El pasado 10 de agosto publicamos en este espacio un artículo con el mismo título de este. La razón es hoy exactamente la misma de entonces: la indecencia documentada de Gerardo Márquez Guevara en el caso del asesinato de Marco Tulio Perdomo Guzmán, un migrante hondureño, a manos de elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

El motivo para insistir ahora es la difusión, en la semana, de la recomendación 058/2019 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), de cuya lectura se desprende una conclusión indubitable: la Fiscalía de Coahuila intentó encubrir el homicidio y ha sido omisa en la investigación del caso.

Para quienes no tengan frescos los datos en la memoria, conviene recordar los hechos:

Primero la versión oficial: de acuerdo con el fiscal Márquez, los agentes a su cargo realizaban –la noche del 31 de julio pasado– un operativo contra una banda de narcomenudistas en Saltillo. Como parte del operativo se cruzaron con Perdomo Guzmán, a quien habrían perseguido primero y abatido después, repeliendo disparos realizados por aquel.

Como “prueba” del dicho oficial se señaló en su momento la presunta existencia, en las pertenencias de la víctima, de dos armas de fuego y de algunos envoltorios presumiblemente conteniendo droga.

El expediente “oficial” cuenta con numerosas fotografías en las cuales aparece un arma en la mano derecha de Perdomo y una más en su mochila. La segunda arma habría sido “localizada” en el laboratorio de criminalística de la Fiscalía General del Estado

Ahora la versión corregida: como nadie creyó en la historia inicial, y a la condena de los hechos y exigencia de justicia se sumaron rápidamente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Gobierno de la República, Gerardo Márquez debió salir, unas cuantas horas después, a desmentirse a sí mismo.

En una conferencia de prensa ofrecida en la capital coahuilense, el fiscal Márquez dijo textualmente: “Se advierte que la víctima, en este caso el migrante que pierde la vida, es totalmente inocente respecto al entorno en el que se da la privación de esta vida, pues en ningún caso se advierte que haya participado en agresión alguna en contra de los elementos”.

Las conclusiones a las cuales ha llegado la CDHEC van mucho más allá: no solamente se trataba de una persona inocente, sino de alguien a quien se intentó criminalizar “sembrándole” armas y presuntos narcóticos a fin de dotar de veracidad a la versión inicial de la Fiscalía.

El siguiente texto, contenido en la página 56 de la recomendación de la Comisión, deja clara la convicción de la institución respecto de la forma en la cual actuaron los elementos de la Fiscalía de Márquez Guevara la noche del 31 de julio:

“al percatarse que las detonaciones terminaron con la vida de una persona, antes de brindar la protección que la víctima requería, manipularon la escena del crimen, sembrando dos armas de fuego y una bolsa plástica transparente que a su vez contenía ocho bolsas transparentes con polvo blanco”.

Las preguntas surgen solas: ¿acaso los elementos de la Agencia de Investigación Criminal portan, como parte de su equipo regular, pistolas extras y bolsitas de plástico con polvo blanco, por si acaso “se llegara a ofrecer”?

Porque si los agentes policiales “sembraron” la evidencia en el cuerpo de Perdomo, tal como lo afirma la CDHEC, estamos hablando no sólo de una actuación negligente en términos del uso de la fuerza letal, sino de una intención criminal en torno a la cual es obligado hacer énfasis.

¿De dónde sacaron los agentes las armas con las cuales intentaron criminalizar al migrante? ¿De dónde salieron las “ocho bolsas transparente con polvo blanco”? ¿Cuál fue el resultado del análisis de laboratorio practicado al polvo blanco de las bolsas? ¿O acaso no se realizó ninguna prueba de éste?

Y si el contenido de las bolsas era efectivamente droga, ¿no debería entonces iniciárseles a los policías un proceso penal por narcomenudeo? O acaso, insisto, ¿es normal encontrar en las pertenencias de un oficial de la Agencia de Investigación Criminal envoltorios de droga?

Por otra parte, las conclusiones de la CDHEC apuntan claramente en la dirección de señalar como cómplices del agente Juan Carlos “N” –quien se encuentra sujeto a proceso por el homicidio de Perdomo– en el “sembrado” de la evidencia con la cual se buscó incriminarle.

Aquí es necesario puntualizar algo: todas estas preguntas podemos hacérnoslas ahora de manera formal porque la Comisión ha realizado su trabajo y señalado en sus conclusiones la verdad de lo ocurrido, no porque la Fiscalía General de Coahuila haya cumplido con sus obligaciones.

Por ello, como lo dijimos en agosto pasado, Gerardo Márquez Guevara debería reunir sus reservas de decencia –si aún le quedan– y renunciar a un cargo para el cual se ha revelado indigno.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3
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