TJA: ¿es eficaz en el combate a la corrupción?
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El Tribunal de Justicia Administrativa es una de las instituciones del Sistema Estatal Anticorrupción, mecanismo teóricamente creado para hacer frente a un fenómeno respecto del cual existe un amplio consenso en el sentido de que es un problema que nos afecta a todos.
Ha transcurrido más de un año desde que en nuestra entidad fue creado el Sistema, este periodo debería darnos una idea clara de la eficacia del mismo, pues ha pasado suficiente tiempo como para que podamos percibir la determinación con la cual se pretende combatir la corrupción.
La pregunta es, ¿cuál es el indicador que deberíamos observar los ciudadanos para darnos una idea de si el Sistema está efectivamente cumpliendo su función, o si solamente se trata de uno más de esos intentos que se nos presentan como una buena idea pero no lo son realmente?
Una posible respuesta a la pregunta anterior sería el número de sentencias emitidas en contra de funcionarios públicos a quienes se haya iniciado un proceso por actos corrupción, pues el Sistema tendría que ir más allá del diagnóstico en torno del cual existe ya un amplio consenso.
Lejos de tal posibilidad, sin embargo, las diferentes instancias públicas que tienen responsabilidades de combate a la corrupción parecen dedicadas a ofrecernos apenas algunos esfuerzos tímidos que no alcanzan para documentar el optimismo.
Un buen ejemplo de ello es el reporte que publicamos en esta edición, relativo a las declaraciones del magistrado Marco Antonio Martínez Valero, integrante del Tribunal de Justicia Administrativa, quien ha revelado que dicha instancia procesa actualmente cinco casos en contra de funcionarios públicos de la entidad a quienes se les juzga como presuntos responsables de peculado.
“Los cuatro o cinco casos que tenemos están en el procedimiento. Todos llevan un proceso, no podemos dictar resolución de la noche a la mañana, sería contrario a la ley… Los señalados tienen el derecho de audiencia para defenderse dentro del procedimiento. Ellos incurren básicamente en presunto peculado, básicamente es eso”, ha dicho el juzgador.
Como se comentó hace algunos días, a propósito de las cifras que dio a conocer la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, respecto del número de procedimientos de responsabilidad iniciados en la entidad en 2018, si sólo “cuatro o cinco” funcionarios están siendo actualmente perseguidos por el delito de peculado en la entidad, todo haría indicar que Coahuila es un lugar donde los actos de corrupción son una rareza.
Habría que insistir nuevamente, a propósito de estas cifras, en que los números contradicen la percepción de los ciudadanos y algo más: contradicen la lógica a partir de la cual se creó el Sistema Anticorrupción.
Porque si decidimos crear un intrincado mecanismo, que involucra más de media docena de instituciones, fue porque se partió de la idea que el fenómeno de la corrupción es grave, algo que la estadística concreta no parece confirmar.
Cabría preguntarse, una vez más, si estamos equivocados en la percepción… o si el Sistema realmente no está cumpliendo su función.