Las tragedias retratan lo que por tiempo prolongado hacen y omiten los gobiernos de un país, una entidad federativa, un municipio, una comunidad, una empresa de Estado, sus sectores privado y social. No pasa nada hasta que sucede. Y la tragedia ocurrida en Tlalhuelilpan no es la excepción. Más de un centenar de personas han muerto calcinadas y quemadas por la explosión del combustible proveniente de un ducto perforado propiedad de Pemex. Además hay decenas de heridos.

Es una tragedia que se fue tejiendo décadas atrás, y que aún no sabemos si este va a ser el último final funesto o habrá más tragedias por donde pasan los ductos de combustibles y otros petrolíferos. El lamentable sufrimiento y muerte de las vidas perdidas en Tlalhuelilpan se dio por la combinación de una serie de factores que vale tener presentes en la discusión pública.

La causa más conocida atrás de las tragedias está en la violencia y corrupción actual. Es el binomio de la falta de la aplicación de la ley por parte de la autoridad, así como la falta de disposición voluntaria de las personas y las comunidades a contribuir a que predomine el estado de derecho. Es imposible tener vigilados todo el tiempo a todas las personas y a los miles de kilómetros de la red de ductos, pese a adelantos tecnológicos en cámaras, sistemas de comunicación, programas de reconocimiento facial, drones y otros.

No obstante, hay otra causa estructural en el problema del ataque sistemático que sufren los ductos y la crisis en el abastecimiento de combustibles. Ésta se encuentra en el monopolio que se otorgó a Pemex por décadas en la refinación, el transporte de hidrocarburos y petrolíferos, almacenamiento y distribución de combustibles, así como la petroquímica. Es más, inventamos la petroquímica secundaria para permitir la participación de la inversión de los particulares. El monopolio reforzado por los recortes presupuestarios, invierte menos e inhibe la inversión de otros.

El monopolio y la conducta monopolística que ejerció Pemex en todos los ámbitos por años, ha causado ineficiencia y tragedias. Las comunidades siempre se quejaron de la arrogancia con la que Pemex se hacía de derechos de paso, y de expropiaciones para la explotación de hidrocarburos. O de cómo en la sonda de Campeche limitó la pesca. Los agravios que ocasionó durante su hegemonía de monopolio generaron resentimientos. La quiebra de pequeñas y medianas empresas por jinetearles el pago. ¿Cuándo tuvieron que presentar estudios de impacto ambiental y social? Esto es reciente, y se debe a las trascendentes reformas constitucionales que se llevaron a cabo en 2013 para promover la reforma energética.

Por décadas, el monopolio ejercido por Pemex en el transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos, fue mortal para el desempeño económico de varias regiones. No debe extrañarnos el retraso de Guerrero y Michoacán, y la falta de un desarrollo más dinámico de las economías en Sinaloa y Sonora, por haber impedido durante tanto tiempo que participara la inversión de empresas privadas en el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, cuya llegada a varias regiones del país ha generado futuro.

En México el término estratégico se ha entendido equivocadamente, más cuando en la Constitución las actividades estratégicas se reservaron sólo al Estado. Lo estratégico no puede depender de monopolios, ni públicos ni privados. Más cuando los avances tecnológicos hacen indispensables a los gigantes que pueden invertir en plantas para aprovechar reducción de costos. Este tecnicismo que da lugar al monopolio natural, significa que, a medida de que aumenta la escala de producción, el costo medio y el costo marginal van reduciéndose cada vez más. Tales beneficios posiblemente los hubo, pero desde décadas atrás ni la refinación, y menos aún el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados debieron haberse monopolizado. Lo que México necesita para tener menos tragedias son más estado de derecho y más competencia.

Fe de erratas: en mi artículo anterior escribí que la fecha límite para presentar el Plan Nacional de Desarrollo es el último día de febrero. Eso va a ser a partir de la administración que inicie en el 2024. La del presidente López Obrador tiene como fecha límite el último día de abril (artículo segundo transitorio del decreto que reformó a la Ley de Planeación en febrero de 2018). Mis más sinceras disculpas.