El Gobierno de Coahuila anunció ayer que, luego de registrarse el decomiso de un arsenal, presuntamente introducido al País a través de la frontera de Piedras Negras, se decidió reforzar el operativo de vigilancia en la carretera que une a Saltillo y Zacatecas.

Como se informó en su oportunidad, el miércoles pasado elementos de la Guardia Nacional decomisaron un cargamento de 19 armas de uso exclusivo del Ejército que eran transportadas en el tanque de gasolina de un vehículo. El conductor de la unidad habría declarado que tenía como destino el estado de Michoacán y que provenía de Piedras Negras.

La información revelada por las autoridades hace suponer que las armas fueron introducidas al País a través de la frontera coahuilense y tal hecho ha llevado al Gobierno de Coahuila a reforzar la seguridad carretera.

Más allá de la pertinencia que pueda tener la medida conviene preguntarse por qué es necesario vigilar con mayor rigor las carreteras para detectar posibles cargamentos de armas ilegales, si en primera instancia lo que debería evitarse es que las armas ingresen al País.

Llegados a este punto resulta obligado cuestionar cómo entran las armas a México. ¿Acaso los contrabandistas operan de la misma forma que las personas indocumentadas y cruzan su ilegal mercancía por el río Bravo? ¿O, como suele decirse en la frontera, aquí opera la regla de que por los puentes internacionales pasa cualquier cosa, siempre que no sea más ancha que estos?

Si esta pregunta la hubiéramos realizado hace 11 meses, casi cualquier persona habría contestado que las armas pasan de Estados Unidos a México a través del puente, pues la corrupción imperante en el servicio de aduanas sin duda permitía el trasiego de cualquier mercancía.

Sin embargo, desde el arranque de la nueva administración federal se supone que la corrupción se acabó porque en la parte alta de la estructura gubernamental ya no se encuentra nadie que la propicie, y eso implica entonces que la conducta recta de los funcionarios de más alto nivel no sólo inhibe, sino que impide la corrupción en los estratos más bajos.

Si esto fuera cierto, ¿entonces las armas que siguen llegando ilegalmente a México se introducen a través del río Bravo?

Sea cual sea la explicación, la realidad es sólo una: las armas entran de alguna forma al País y es el Gobierno Federal el responsable de instrumentar las medidas necesarias para evitarlo. No importa si pasan por el puente o son transportadas a través del río: si esto ocurre es porque alguien en el Gobierno de la República no está haciendo su trabajo como es debido.

Lo que se requiere entonces es el diseño e implementación de una estrategia que impida el ingreso ilegal de armas México, no que los gobiernos estatales –que no tienen la responsabilidad del resguardo de las fronteras– se vean obligados a destinar recursos para detectar las armas que ya ingresaron al País.

Los gobiernos estatales pueden –y deben– cooperar en esta tarea, desde luego, pero no mediante estrategias correctivas, sino preventivas, pues lo importante no es detectar las armas introducidas ilegalmente al País, sino impedir que éstas ingresen al territorio nacional.