Uno de los excesos en los cuales incurren con insana frecuencia nuestros funcionarios públicos es el de utilizar sus cargos para obtener beneficios personales que, aún cuando no impliquen una ganancia económica per se, sí constituyen una falta a sus deberes.

El tráfico de influencias o el uso de información privilegiada permite que quienes ocupan un cargo público obtengan ventajas indebidas respecto del resto de la sociedad e incluso que se les otorguen beneficios a los cuales no necesariamente tendrían derecho.

Ese podría ser el caso del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la “retención”, aparentemente irregular, que la exencargada del despacho de la Pronnif, Mayela Reyes Gómez, habría hecho de un menor huérfano a quien buscaba adoptar.

De acuerdo con las fuentes consultadas por VANGUARDIA, la exfuncionaria -quien asumió interinamente el cargo a la salida de su anterior titular, Yezka Garza- habría sustraído a un bebé de la Casa Hogar de Torreón, sin seguir los procedimientos legales respectivos, es decir, aprovechando su posición en el organigrama gubernamental.

La intención de Reyes Gómez habría sido adoptar al bebé, una aspiración a la cual, sin duda, tiene derecho, pero que debería tramitar exactamente de la misma forma en la cual lo hace cualquier otra persona a quien la naturaleza no le ha permitido la posibilidad de engendrar descendencia.

Cuando una persona, aprovechando su posición en el gobierno, pasa por encima de la normatividad y hace que los trámites se ajusten a sus necesidades, no solo viola las reglas, sino pone en riesgo la confiabilidad del sistema"

El proceso de adopción de un menor, como corresponde a las obligaciones que el Estado tiene con la niñez, es sumamente estricto, lo cual se traduce, entre otras cosas, en el hecho de que es prolongado.

Pero tales circunstancias -el que sea estricto y largo- tendrían que percibirse como signos de confianza hacia el trabajo de las autoridades, pues eso querría decir que se están asegurando de garantizar el interés de los menores por encima de quienes desean adoptar.

Cuando una persona, aprovechando su posición en la estructura gubernamental, pasa por encima de la normatividad y hace que los trámites se ajusten a sus necesidades, no solamente está violentando las reglas, sino que pone en riesgo la confiabilidad de todo el sistema.

Por ello, valdrá la pena que la Pronnif aclare los hechos, informe puntualmente qué ocurrió en este caso y, sobre todo, que inicie los procedimientos disciplinarios y/o legales a que hubiera lugar, en caso de que se hubiera violado la normatividad en el presunto caso de sustracción de un menor de la Casa Hogar de Torreón.

Porque en este caso no se trataría solamente de dejar claro que las reglas se respetan, sino de dejar a salvo la credibilidad de un sistema que trabaja con los seres más vulnerables de la sociedad: los menores de edad que han sido obligados por el destino a iniciar su tránsito por la vida desprovistos de sus padres biológicos.

Cabe esperar que, a diferencia de lo que ocurre en múltiples ocasiones, la respuesta de las autoridades frente a tales hechos no sea el silencio.