Dieciséis funcionarios de Sinaloa beneficiaron a sus empresas familiares a través del gobierno por arriba de los 800 millones de pesos

Dieciséis políticos y funcionarios de Sinaloa, entre exgobernadores, senadores, diputados, líderes de partidos, candidatos, alcaldes y hasta secretarios de estado estuvieron involucrados en un tráfico de influencias y un esquema de posible conflicto de interés que supera los 800 millones de pesos.

Antes de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción,  el conflicto de interés y tráfico de influencias había suido un asunto poco regulado en la entidad. Previamente, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado regulaba el desempeño de estos y no los obligaba a presentar una declaración de conlficto de interés, únicamente la patriomonial.

Para el 19 de julio de 2017 entró en vigor la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, que define el conflicto de interés como "la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios".

Esta norma obliga a todos los servidores a presentar su respectiva declaración, sin embargo los ciudadanos aún no podemos acceder a estas declaraciones porque se siguen utilizando los formatos anteriores que no preveían el conflicto de interés.

Entre los los 16 sinaloenses evidenciados en la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, destaca Francisco Labastida Ochoa, quien fue gobernador de Sinaloa de 1987 a 1992; titular de Sagarpa de 1995 a 1998; secretario federal de Gobernación y candidato presidencial en el año 2000.

Durante su paso por Sagarpa, tuvo como mano derecha a a Marcos Augusto Bucio, quien posteriormente en 2012 se mantuvo como oficial mayor, al mismo tiempo que la empresa Agri 27, propiedad de Labastida Gómez de la Torre, hijo de su amigo Labastida ochoa comenzó a ver un incremento en los subsidios que recibía.

Para este el siguiente año los apoyos a sus empresas pasaron de 822 mil 503 pesos a un millón 817 mil 249 pesos, mientras que en 2014 fue de un millón 822 mil 556 pesos y en 2015 Labastida jr. sumó 2 millones 994 mil 671 pesos. 

No obstante, los ingresos por parte de Sagarpa solo eran una parte, pues durante los seis años que Gómez de la Torre ocupó cargos públicos, obtuvo 3 millones 933 mil 525 pesos por el alquiler de bodegas, locales y edificios al gobierno municipal de Culiacán, de acuerdo a los padrones de arrendamiento de esos años (2011-2016). Las rentas se realizaron a través de Agri 27 de manera mensual.

En total, la empresa de Labastida jr obtuvo más de 14 millones de pesos de los gobiernos municipal, estatal y federal por la prestación de servicios de arrendamientos y como beneficiaria de subsidios durante los seis años que laboró en el gobierno de Malova.

Jesús Aguilar Padilla, exgobernador de Sinaloa (2005-2010), Subsecretario Federal de Sagarpa (2012-2015). En 2011 Aguilar Camacho fundó la empresa Agrícola Namisa SPR de RL junto con su tío Roberto Aguilar Padilla y ocho accionistas más. Cuando llegó a la dependencia aumentaron sus ingresos en casi cinco veces, de 65 mil 965 pesos en 2012 a 475 mil 641 en 2013, entre ellos un fondo por 300 mil pesoso para la siembra de frijol.

De acuerdo al portal de servidores públicos, el joven Padilla además laboró en la Secretaría de Gobernación en 2013 y 2014, luego en la Financiera Naional de Desarrollo de la SHCP en marzo de 2015 hasta enero de 2019. 

En total, mientras ocupaba puestos de alta decisión en lo local, y en lo federal, su hijo y hermanos recibieron más de 5 millones y medio de pesos en dinero público.

Por otra parte, mientras Mario López Valdez estuvo como gobernador de Sinaloa, ferreterías Malova fue bendecida con compras que suman casi 35 millones de pesos por parte de algunas dependencias municipales y paramunicipales, así como las juntas de agua locales.

Esta ferretera se benefició de la Secretaría de Administración y Finanzas con una compra de 51 mil 547 pesos entre 2002 y 2004 mientras Mario López era alcalde de Ahome. En los años de 2002 y 2012 las compras se mantuvieron mínimas con un promedio de 352 mil 250 pesos, pero de 2013 a 2016 éstas se dispararon con un promedio anual de 8 millones 692 mil 832 pesos, cuando López Valdez fungía como gobernador de Sinaloa.

Desde 2002 que Mario López Valdez ingresó al servicio público como alcalde (2002-2004), luego como secretario de Planeación y Desarrollo en el Gobierno de Sinaloa (2004-2006), posteriormente como senador (2006-2009) y finalmente como gobernador (2011-2016), su ferretería vendió a gobiernos municipales y estatales diversos productos en pequeñas compras que sumaron más de 38 millones 646 mil pesos.

El caso del dirigente, empresario, diputao y proveedor del partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Mario Ímaz López facturó una cantidad de más de 7 millones de pesos entre 2013 y 2017, al partido que él mismo ha dirigido.

Ímaz López, líder de MC desde 2010 utilizó sus tres empresas para proveer de artículos de publicidad al partido, tanto a nivel estatal como federal. La empresa Ímaz México S.A. de C.V. recibió 5 millones 430 mil pesos; Kamara S.A. de C.V obtuvo 391 mil 384 pesos, mientras que Vertical Vision recibió un  millón 312 mil 700 pesos.

El Grupo Somika, facturó la cantidad de un millón 198 mil 257 pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mientras Misael Sánchez Sánchez, su propietario, ostentaba cargos dentro del Comité Ejecutivo Nacional entre 2009 y 2013.

Al año de haber creado la empresa, Sánchez Sánchez era secretario de orgnaización del partido en el Estado de México, Grupo Somika recibió un primer pago de 35 mil pesos del PVEM por concepto de engargolados. En 2010 recibió otro de 220 mil pesos por el mismo servicio y casi medio millón más por haber sido una de las proveedoras de porpaganda del candidato en 2010.

Uno de los diputados federales de Sinaloa que más han gestionado obras para su región ha sido Alfonso Inzunza Montoya, fue legislador por el distrito 3 entre 2012 y 2015. Y durante su periodo como legislador etiquetó recursos para diversas obras en Sinaloa por poco más de 46 millones de pesos y fueron desarrolladas por Morada S.A. de C.V., una empresa que él fundó en 1981 y que seis meses antes de asumir el cargo como legislador, vendió las acciones a sus hijos Alfonso y rodrigo Inzunza Lagunas.

Antes de que Inzunza entrara como diputado federal, la empresa había recibido solo cuatro contratos de fondos federales por un total de 3 millones 616 mil pesos, posteriormente en 2013 tan solo en la campaña recibió fondos federales por 13 millones 211 mil 970 pesos.

Además, en 2005 y 2007, Inzunza fue alcalde de Salvador Alvarado y durante ese tiempo tabmién era contratista del Gobierno estatal. En esos tres años, la Secretaría de Obras Públicas le encargó cuatro obras por 2 millones 220 mil 849 pesos a través de su compañía Morada, donde dos de ellas fueron por adjudicación directa y otras dos por invitación restringida. Una de ellas por poco más de un millón de pesos.

En resumen, Morada comenzó a obtener contratos con la administración pública hasta 2018 donde se vio beneficiada con contratos para diversas obras que suman 277 millones 762 mil 300 pesos.

Para 2018, cuando las campañas políticas estaban en auge en el país, Rubén Rocha Ruiz fue acusado por Manuel Clouthier luego de revisar su "tres de tres" por los contratos 'familiares' sin especificar los montos.

Resultó ser cierto que Rocha Ruiz con su constructora Chocosa obtuvo un contrato en 2009 con la Secretaría de Obras de Sinaloa por 292 mil 320 pesos para un estudio de proyecto para la construcción de un tramo carretero.

Otros de sus movimientos se dieron entre 2013 y 2016, cuando Rocha Moya, hijo de Rocha Ruiz como subdirector de capacitación del ISSSTE se integró al Gobierno de Quirino Ordaz Coppel como jefe de asesores y ese año la constructora de su hijo obtuvo cuatro contratos con la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa por 6 millones 781 mil 782 pesos.

En total, desde enero de 2010 hasta medidados de 2018, la empresa Chocosa obtuvo 64 millones 660 mil 930 pesos en contratos con el gobierno del estado y Ayuntamiento de Culiacán, así como su junta de agua y el de Mocorito y su empresa de agua.