“Le estamos comunicando al usuario y al transportista que queremos un sistema de transporte público para pobres, de subsistencia, porque sí lleva a la gente a chambear y cobra barato, pero estamos dispuestos a aceptar que no tengan un buen seguro, que no renueven sus flotas, que no mejoren sus unidades o que no capaciten a sus conductores”.

La frase anterior, que formó parte de la intervención de Onésimo Flores Dewey durante el foro “Perspectivas de Movilidad en la Región Sureste” organizado por el Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo, resume bien el estado actual del sistema de transporte público en la capital de Coahuila y lo que podemos esperar de este.

De acuerdo con el urbanista, la situación actual del transporte público de Saltillo, así como la ausencia de decisiones correctamente orientadas, implicará que tardemos entre dos y tres sexenios en transformar la realidad y contar con un sistema digno.

¿Y qué significa un sistema digno? Uno que invite a los ciudadanos a dejar de usar su automóvil y subirse a las unidades públicas, porque el servicio que prestan efectivamente satisface sus necesidades.

La parte positiva del diagnóstico es que se plantea la posibilidad de que el sistema de transporte pueda efectivamente llegar a un nivel “decoroso” como para desincentivar el auto del auto. La parte decepcionante es que pueda tomarnos casi dos décadas lograrlo.

La pregunta resulta obligada: ¿en verdad es imposible plantearse la posibilidad de transformar radicalmente el transporte público a corto plazo?

Entre las muchas cosas que al respecto se han dicho, parece haber coincidencia entre los especialistas en que son dos los elementos fundamentales que se requieren para lograr una meta como esta: dinero y voluntad.

El primer ingrediente en realidad no es tan difícil: el propio Onésimo Flores ha señalado en algún momento que con el dinero utilizado en construir el distribuidor vial El Sarape –que aún seguimos pagando y que sólo eliminó dos semáforos–, habría sido posible modernizar el sistema de transporte público.

Pocos ciudadanos estaríamos en desacuerdo en contraer un volumen similar de deuda si ello implicara dar el salto cualitativo hacia un modelo que dignifique a la ciudad y sus habitantes.

Desde esta perspectiva, lo único que en realidad parece no haber es voluntad –política, sobre todo– para hacer frente al problema en serio y afrontar los costos que implica obligar a quienes tienen actualmente el control del sistema a transformarse o dejar de prestar el servicio.

El obstáculo fundamental es uno que la clase política mexicana padece de forma endémica: no se piensa en la próxima generación, sino en la próxima elección y eso condiciona todas las acciones gubernamentales.

En Saltillo necesitamos entonces que las autoridades municipales se decidan de una buena vez a entender que la ciudad no puede seguir creciendo y subsistiendo con un sistema de transporte que no desalienta el uso del automóvil, sino que lo fomenta.

A todos nos vendría bien que eso pasara pronto.