Cuestionado. La ASE requirió de un “estirón de orejas” del ICAI. ARCHIVO
La ASE emitió su respuesta, y con base en ella el solicitante presentó otra solicitud para saber por qué motivo la Auditoría si se dio cuenta de lo de FICREA en el 2015

La Auditoría Superior del Estado cumplió con la resolución del Tribunal Constitucional Local, que al resolver la controversia CC-2/2020 ordenó al ente fiscalizador responder a un ciudadano por qué motivo si se dio cuenta del desfalco de FICREA en el 2015, denunció hasta el 2018, confirmó el ICAI.

Sin embargo, no obstante que el Tribunal resolvió ordenar a la ASE darle máxima publicidad a su respuesta, a través de internet y de redes sociales, esto no ha sido.

En 2015 se dio a conocer el caso Ficrea, en donde se defraudó al Tribunal Superior de Justicia de Coahuila por 125 millones 600 mil pesos.

En noviembre pasado, el Tribunal Constitucional local consideró procedente, pero infundada, la Controversia Constitucional iniciada por la ASE contra un ordenamiento del ICAI de darle respuesta a la solicitud.

El asunto se derivó de la solicitud de información presentada por una persona con el seudónimo “Pejejito”, quien solicitó saber la fecha en la que la Auditoría Superior del Estado conoció las transacciones y/o operaciones hechas por el Poder Judicial del Estado a FICREA.

También solicitó conocer la fecha en la que se realizó la denuncia penal de dichas transacciones, ante quien se realizó la denuncia, así como el estatus de la investigación.

La ASE emitió su respuesta, y con base en ella el solicitante presentó otra solicitud para saber por qué motivo la Auditoría si se dio cuenta de lo de FICREA en el 2015, hizo la denuncia hasta el 2018.

A la segunda solicitud, el órgano fiscalizador respondió que la denuncia penal se presentó en tiempo y forma, pero, inconforme, el solicitante interpuso un recurso de revisión que el ICAI resolvió en el sentido de modificar la resolución para efecto de que se fundará y motivará la respuesta por la que la ASE consideraba que la denuncia fue en tiempo y forma.

Ante eso, la ASE cuestionó la validez de la resolución del ICAI, porque consideró, según sus agravios, que se violó los principios de legalidad y certeza en la actuación del órgano garante de la información pública previstos en la constitución local, e interpuso la controversia.