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Debido a que la indagatoria de la PGR no fue imparcial, el tribunal federal ordenó crear la comisión, que estará integrada por representantes de las víctimas, de la CNDH y de la PGR

Un tribunal federal ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, porque la indagatoria de la Procuraduría General de la República sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, no fue “imparcial” y hay indicios de que los principales acusados fueron torturados.

Lo anterior derivó de una sentencia de amparo que establece reponer el procedimiento a María de los Ángeles Pineda Villa; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Salvador Reza Jacobo, El Wereke; Gildardo López Astudillo, El Gil, y Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel.

El tribunal colegiado también ordenó a la PGR que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul; en caso de no presentarlos con las exigencias del protocolo, se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura.

Los magistrados establecieron que la investigación el Caso Ayotzinapa, no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los Protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.

“En consecuencia, ante las graves violaciones a los derechos humanos, como lo son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, indicó.

Pineda Villa y Abarca obtuvieron un amparo. / Foto: Especial

El tribunal señaló que la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

En la sentencia, los magistrados señalan la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos. Para lo cual armonizaron los artículos 20 constitucional, que contempla el derecho de las víctimas a participar en la investigación, y el 21 de la misma Carta Magna que establece que la investigación incumbe al Ministerio Público.