Tribunal Supremo impide al Gobierno británico activar el 'brexit' sin que lo apruebe el Parlamento
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Los laboristas no impedirán la activación del artículo 50, pero presentarán enmiendas al plan. Londres sigue comprometido con su activación en marzo
El Tribunal Supremo ha dictaminado que el Parlamento del Reino Unido debe autorizar la activación del artículo 50 que pone en marcha el brexit. Así, la máxima instancia judicial británica rechaza el recurso que había presentado el Gobierno de Theresa May contra un fallo anterior que le obligaba a consultar a los diputados antes de invocar el artículo clave del Tratado de Lisboa.
Por ocho votos a tres, los magistrados han decretado que el Parlamento tiene que dar la autorización para que se pueda iniciar el proceso formal del brexit, después de que los británicos votaran a favor de salir de la Unión Europea en el referéndum del 23 de junio.
LOS LABORISTAS ENMENDARÁN EL PROCESO
El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha asegurado en un comunicado que no intentará "frustrar" la activación del artículo 50, pero sí presentarán enmiendas a la ley británica sobre dicho artículo para "evitar que los conservadores usen el brexit para convertir el Reino Unido en una base en oferta para un paraíso fiscal".
Los laboristas abogarán por un "acceso sin aranceles al mercado único", algo que parece acorde al plan presentado por May, por el que pretende mantener la exención de aranceles dentro de la UE, pero no un arancel común exterior. El principal partido de la oposición destaca que abogará por "mantener los derechos de los trabajadores y las protecciones sociales y medioambientales".
Así, los laboristas piden al Ejecutivo británico que garantice su "responsabilidad" ante el Parlamento de Westminster "a lo largo de las negociaciones", además del visto bueno final al pacto con Bruselas. A esto último ya se comprometió la primera ministra británica.
Los liberal demócratas sí que votarán contra el artículo 50, a no ser que el Ejecutivo acceda a un segundo referéndum cuando se disponga del acuerdo final con Bruselas. "Este caso nunca fue sobre argumentos legales, sino sobre dar voz a la gente", ha defendido su líder, Tim Farron. Sin embargo, su número de diputados no puede impedir que el proceso salga adelante.
POSIBLE RETRASO DEL BREXIT
El Gobierno de Theresa May había apelado al Supremo después de que el Tribunal Superior de Londres respaldara el recurso formulado por la inversora Gina Miller y respaldado, entre otros, por el Gobierno escocés de que antes de iniciar el proceso de divorcio con la UE era necesaria la aprobación del Parlamento, puesto que la salida supondría privar a los ciudadanos de derechos que les fueron concedidos por los parlamentarios.
No bastará así con el compromiso que adquirió May en su discurso de los 12 puntos sobre el brexit, que incluyó la consulta a Westminster para que aprobara el acuerdo final alcanzado con Bruselas tras las negociaciones. El Parlamento también podrá intervenir en el proceso, como quieren también los laboristas.
"El brexit se retrasará si gano el juicio y se cumple el procesó", vaticinó Miller en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL antes de la sentencia de este martes, aunque las autoridades británicas confían en que no afectará a la activación del artículo 50 para este mes de marzo, como se comprometió May. Reino Unido espera haber completado las negociaciones el año 2019. Y es que en mayo de 2020 toca celebrar nuevas elecciones, motivo por el cual la mayoría de los parlamentarios británicos no tienen interés en forzar un retraso del proceso, señala la BBC.
Ni siquiera Miller pretendía impedir el brexit. Votó en contra, pero argumenta que hay que respetar la voluntad del pueblo. Lo que buscaba con el recurso que impulsó fue que el proceso no quedara exclusivamente en manos del 10 de Downing Street.
El Supremo ha establecido en su sentencia que el Gobierno no puede ejercer ningún poder si ello supone modificar las leyes del Reino Unido, a menos que "esté autorizado para hacerlo por parte del Parlamento". Eso sí, no hará falta que consulte también a los parlamentos autonómicos de Escocia, Irlanda del Norte y Gales, puesto que entiende que es Londres el responsable de las relaciones con Bruselas.
