Lo que cabría esperar es que los funcionarios coludidos en el hecho, es decir, quienes debieron detectar la irregularidad, pero en lugar de eso la permitieron, sean investigados y, si procede, castigados

Apenas el 3 de noviembre pasado, en un artículo de su autoría, el diputado local Juan Antonio García Villa, quien coordina la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública en el Congreso del Estado, afirmó que la “crisis” por la que atraviesa la Universidad Autónoma de Coahuila tendría su origen en las “corruptelas” que se registran en la institución.

Para soportar su dicho, el legislador citó un informe de la Auditoría Superior del Estado, correspondiente a ejercicio fiscal de 2017, en el cual se habrían documentado “pagos por 553 millones 323 mil pesos a empleados que se desempeñan en dos o más plazas laborales sin acreditar la compatibilidad de horarios”.

Tan sólo corrigiendo esta irregularidad, comentó entonces García Villa, se taparía el “boquete” financiero que la UAdeC padece y para cuya reparación el rector Salvador Hernández Vélez habría solicitado el apoyo de la Legislatura coahuilense, mediante la asignación de recursos adicionales por 571 millones en el presupuesto del año 2020.

“No sabemos si esta práctica abusiva, y desde luego ilegal, haya concluido en 2018, cuya cuenta pública tiene ahora en revisión la ASE”, dijo en aquella ocasión el Legislador.

De acuerdo con la información que hemos publicado en los últimos días, a propósito de la difusión del Informe sobre la cuenta pública de 2018 de la Auditoría Superior del Estado, la anomalía no se habría corregido, pues las observaciones volvieron a surgir.

La confirmación de que tal irregularidad persiste la ofreció ayer el propio Rector de la UAdeC al informar que la máxima casa de estudios de Coahuila “dará de baja” al menos a 200 profesores que, en efecto, cuentan con plazas de tiempo completo o por asignatura, en la institución, al mismo tiempo que tienen otra plaza de idénticas características en otra.

“Ya lo tenemos. Como ejemplo cito: si en la Facultad de Ciencias Químicas hay un profesor que trabaja también en el Instituto Tecnológico de Saltillo con un tiempo completo, esto no es posible porque hay incompatibilidad de horario y defrauda a las dos instituciones”, dijo Hernández Vélez.

Lo que se está reconociendo entonces es la existencia de una práctica viciada que constituye una afectación a la hacienda pública. Y lo que cabe cuestionar ante ello es si basta con cesar a quienes han incurrido en la misma.

Por supuesto, lo primero es que la práctica cese, es decir, que se suspenda el pago indebido que se está realizando a favor de al menos 200 personas. Pero no podemos aceptar que el beneficio ilegalmente obtenido se quede intacto, pues si alguien recibió dinero de los contribuyentes de forma ilegal lo que debe exigirse es que lo devuelva.

Adicionalmente, lo que cabría esperar es que los funcionarios coludidos en el hecho, es decir, quienes debieron detectar la irregularidad, pero en lugar de eso la permitieron, sean investigados y, si procede, castigados.

Porque estamos ante un escándalo de corrupción que sólo se corregirá de fondo si quienes abusaron del presupuesto reciben la sanción que merecen.