A un año del tiroteo que conmocionó a un país, queda libre abuelo del menor que disparó

Hace un año, el colegio Cervantes de Torreón fue el centro de la noticia del país: madres y padres comenzaron a llegar agitados a la entrada del salón, otros con crisis. Dentro de la escuela de 80 años de historia, José Ángel, un niño de 11 años, había entrado con dos armas.

Pasadas las ocho de la mañana se escucharon los disparos. Personal del colegio y vecinos escucharon los tronidos, y pensaron, según relataron, que los habían escuchado muy cerca. No imaginaron que había sido dentro de la escuela.

Corrió el tiempo y así la información: un niño de sexto de primaria pidió permiso para ir al baño cerca de las 8:20 de la mañana. Se cambió de ropa, se puso un pantalón negro con tirantes y una playera blanca que llevaba la leyenda “Natural Selection”, el mismo atuendo que los perpetradores de la masacre en Columbine, Estados Unidos. Después abrió fuego, hirió a cinco alumnos y un profesor de educación física, mató a la maestra María Assaf Medina y después se suicidó.

“No me caía el veinte, hasta que vi en redes sociales que hablaban de niños muertos y heridos, ese día mi hija tenía deportes y pensé lo peor. Manejé al colegio como pude, esquivando semáforos y coches, llegué en 10 minutos. ¿Cómo le hice? No lo sé, me bajé calles antes porque todo estaba congestionado, pero sentí que si le pasaba algo a mi hija yo me iba a morir”, relató su experiencia una madre a un año de los hechos.

En las primeras indagatorias, las autoridades encontraron que el niño inclusive había dicho a compañeros que ese día, “iba a ser el día”.

La maestra que perdió la vida, María Assaf Medina, miss Mary, como la conocían, era docente de la materia de inglés. Era su primer ciclo escolar en el Colegio Cervantes.

Días después fue despedida ante una gran cantidad de personas, familia y exalumnos, que recordaron a la maestra como una persona muy alegre, siempre con una sonrisa. Varios, entre ellos el director del Cervantes, no dudaron en calificarla como una heroína que logró salvar vidas.

Las autoridades estatales implementaron el operativo ‘mochila’ ante prácticamente la anuencia de toda la sociedad lagunera. Y siete días después, el colegio Cervantes regresó a clases en medio de un clima de nerviosismo. El colegio instaló arcos metálicos a la entrada.

Después llegó la pandemia por el COVID-19, los alumnos y alumnas fueron enviados a las casas.

Pero el caso no quedó allí. La Fiscalía General de Coahuila detuvo y acusó al abuelo del menor, José Ángel “N”, del delito de homicidio doloso en su carácter de comisión por omisión. Y la historia de la familia del niño de 11 años que mató a una maestra y se suicidó, comenzó a contarse.

Conforme corrió la investigación y la Fiscalía de Coahuila dio a conocer el entorno en el que vivía el menor: en su casa encontraron al menos 20 armas, el niño había perdido a su madre años atrás, su padre había sido arrestado y encarcelado en Estados Unidos por tráfico de drogas, a la abuela materna la habían asesinado y vivía con los abuelos paternos.

Después de que el abuelo fue detenido, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que congeló sus cuentas, pues se encontraron movimientos irregulares y se le señaló de probable defraudación fiscal o lavado de dinero.

ACUSADO DEL HECHO, EN LIBERTAD CONDICIONAL

El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, informó que el pasado 2 de octubre se llevó a cabo una audiencia en donde se determinó que no existían elementos de prueba para calificar el delito como homicidio doloso por comisión por omisión, pero sí por homicidio culposo, por lo que el abuelo José Ángel quedó en libertad condicional.

El fiscal ahondó en que no se logró acreditar que existiera el dolo, por lo que únicamente se resolvió como culposo.

El fiscal Gerardo Márquez mencionó que la figura de comisión por omisión es complicada en la ley, pues pese a que la persona no haya desplegado una conducta, materialmente tiene una responsabilidad por haber omitido poner condiciones de prevención, en este caso para que el menor no tuviera acceso a las armas.

“Es una figura que poco ha sido utilizada. Sí hay responsabilidad del abuelo del menor en haber omitido. En este juicio se probó que fue una falta de cuidado, de previsión, de prevención la que se dio en la persona del abuelo del menor”, comentó.

La libertad condicional, detalló el fiscal, se dictó por cuatro años, en los que el abuelo tendrá que residir en Torreón, no tener acceso a armas de fuego ni posesión ni portación, así como no acercarse a los domicilios de las víctimas. En caso de cumplir, después de los cuatro años ya no habrá sanción.

El fiscal aclaró que a las víctimas de lesiones (cinco alumnos y un profesor que fueron heridos) les quedan a salvo los derechos para la presentación de una denuncia. “Nos acercamos con ellos y en cuanto a ellos materialicen la querella se le llamará de nuevo al imputado”, añadió Gerardo Márquez.

Dijo que pusieron énfasis en llevar a la justicia un tema de esta naturaleza porque opinó que son temas que siempre han sido soslayados o ignorados por la autoridad y la sociedad. “El tema es más sensible socialmente”, recalcó, pero insistió que llevar un asunto como éste a la justicia implica que todos pongamos atención en circunstancias que omitimos en los domicilios como tener armas al alcance de los menores o hasta una máquina de operación peligrosa.

Márquez dijo desconocer el estatus de la investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, luego que ésta bloqueara las cuentas del abuelo y el papá del niño, pues se encontraron en su momento flujos de recursos de más de 100 millones de pesos hacia supuestas empresas, transferencias hacia Estados Unidos, la adquisición de seis vehículos de lujo en dos años, y un posible delito de defraudación fiscal y lavado de dinero.

Así mismo, aclaró que no existen acusaciones contra la abuela ni el padre del menor, pues el deber y responsabilidad jurídica era del abuelo.

Añadió que tampoco existe denuncia por el delito de posesión de armas exclusivas del Ejército.