El Congreso de Coahuila aprobó ayer, por unanimidad de votos, una modificación al Código Penal de Coahuila, según la cual quien cometa en adelante el delito de acoso sexual será castigado con mayor severidad, particularmente si la víctima es un menor de edad o si el responsable es un servidor público.

No está mal que se incremente el castigo para este tipo de delitos, sobre todo en los casos en lo cuales la víctima es un menor. La imposición de sanciones ejemplares constituye una de las rutas para inhibir -y eventualmente erradicar- las conductas indeseables.

Pero en este caso -como en muchos otros- el problema no radica en la falta de sanciones fuertes en la norma jurídica. El problema estriba en la existencia de amplísimos espacios de impunidad.

De poco -o nada- sirve que la ley prometa castigar con severidad a quien incurre en una determinada conducta, si los mecanismos institucionales indispensables para poner en práctica dicha regla no funcionan o lo hacen de manera inadecuada.

Como ejemplo de esta realidad indeseable están los múltiples ejemplos de acoso sexual en las escuelas primarias de la entidad -cuya existencia ha sido reconocida por la propia Secretaría de Educación de Coahuila- que permanecen impunes gracias a la inacción de las autoridades.

Y es que, como se ha informado en diversas ocasiones, lo que la SEC hace cuando documenta un caso de esta naturaleza es despedir al maestro responsable de la conducta, sin que se le denuncie y se le ponga a disposición de las autoridades responsables de la procuración de justicia.

¿De qué le sirve entonces a las víctimas de acoso que el Congreso del Estado incremente la penalidad por la comisión de esta conducta? ¿De qué le sirve a la sociedad que nuestros legisladores demuestren su “preocupación” por la incidencia de un delito particularmente deleznable como éste, sólo modificando las sanciones previstas en al Código Penal?

La estadística citada por los propios promotores de la iniciativa retrata la magnitud de un problema que demanda soluciones verdaderamente eficaces: la Alianza por la Seguridad en Internet estima que en México unos dos millones de menores de edad han sido molestados en internet.

La pregunta surge de forma obligada: ¿cuántos casos de acoso sexual se ventilan en los juzgados de Coahuila?

Sería probablemente más útil que en lugar de sólo incrementar penalidades que a nadie se imponen, nuestros legisladores obligaran a las autoridades educativas y de procuración de justicia a destinar recursos a la investigación y persecución de estos delitos, así como a la realización de campañas para modificar los paradigmas sociales que se ubican detrás de ellos.

Porque el objetivo tiene que ser la erradicación de este tipo de conductas y para eso la simple modificación de normas que a nadie han inhibido nunca es no solo insuficiente, sino incluso absurda.