Atender las consecuencias derivadas del descubrimiento de este cementerio clandestino implica mucho más que solamente identificar restos humanos y comparar el ADN

Los fenómenos inéditos de la agenda social exigen de las autoridades el diseño y puesta en práctica de mecanismos novedosos de atención justamente porque no existen antecedentes sobre los mismos y, en consecuencia, no hay experiencia previa de la cual echar mano.

Y en algunas ocasiones, como ocurre actualmente con el fenómeno de las personas desaparecidas, tampoco se trata de un hecho que pudo preverse, sino de la indeseable consecuencia de un proceso de deterioro institucional que dejó una secuela sumamente dolorosa y compleja de resolver.

Los cementerios clandestinos (localizados en Coahuila y en otras partes del País) constituyen uno de esos fenómenos para los que no existe un manual de reacción y para los que nadie tiene una receta con la cual pueda considerarse, de antemano, que habrá de ofrecerse la mejor atención posible.

Pero cuando tales coyunturas aparecen, los gobiernos tienen fundamentalmente dos opciones para responder: la primera es la “estrategia del bombero”, consistente en dedicarse permanentemente a apagar fuegos y administrar las crisis y la segunda es la del administrador experto que prefiere invertir tiempo en analizar el fenómeno, entenderlo y con ello planear una estrategia, antes que vivir permanentemente en la improvisación.

No se requiere argumentar demasiado para tener clara cuál es la mejor ruta. Además, por lo que hace a Coahuila, el recientemente presentado informe “En el Desamparo”, coordinador por el investigador Sergio Aguayo, contiene un planteamiento claro en este sentido: se requiere el desarrollo de un modelo integral de atención a víctimas para hacer frente de forma realmente adecuada a la crisis humanitaria que vive la entidad.

Los miles de restos óseos localizados en el Ejido Patrocinio, en San Pedro de las Colonias, constituyen uno de los elementos del rompecabezas dejado tras de sí por los grupos de la delincuencia organizada que se apoderaron del territorio estatal en el sexenio anterior.

Atender adecuadamente las consecuencias derivadas del descubrimiento de este cementerio clandestino implica mucho más que solamente identificar restos humanos y comparar el ADN contenido en ellos (en caso de que tal cosa sea posible) con los de quienes buscan a un ser querido desaparecido. Además de eso es preciso ofrecer el apoyo y seguimiento adecuados a quienes viven en la incertidumbre de no conocer el paradero de sus familiares.

Junto con esto, es necesario establecer el mecanismo idóneo para reparar el daño causado, para preservar la memoria de lo ocurrido y para instrumentar las medidas necesarias para evitar que los hechos vuelvan a ocurrir.

Todo ello implica el concurso de especialistas que, en compañía de las víctimas y de las instituciones públicas, diseñen un modelo integral de atención a uno de los fenómenos más doloroso que ha vivido la sociedad mexicana en los últimos años.

Al diseño e instrumentación de tal modelo tendrían que canalizarse las energías necesarias en la recta final de la administración estatal, a fin de no permitir que los avances logrados hasta ahora naufraguen en la transición gubernamental.