Programas sociales federales repiten innecesariamente funciones

Por Claudia Altamirano (@claualtamirano) para Animal Político

De los 150 programas sociales existentes en el país a nivel federal, 58 tienen similitudes en hasta 98% de su contenido, lo que significa una repetición innecesaria de acciones y duplicidad de recursos gastados en atender a población vulnerable, revela un informe del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y las organizaciones Oxfam y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

El reporte, realizado como un diagnóstico sobre la política social del país que sirva de punto de partida para el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, advierte que en el país conviven miles de programas sociales desarticulados y con efectos limitados, que se obstaculizan o compiten entre sí.

“Esta pedacería de programas, lejos de responder a una lógica de complementar recursos y esfuerzos para potenciar los efectos de la acción gubernamental, ha implicado la existencia de intervenciones que se estorban, se duplican y de las cuales difícilmente podemos saber sus efectos”, puntualiza la investigación.

El reporte, presentado este miércoles, señala como ejemplo dos programas federales que entregan pensión a adultos mayores: Prospera y la Pensión para Adultos Mayores (PAM), que además coexisten con 13 programas estatales y 11 acciones a nivel municipal.

Los académicos señalan que, además de la repetición de programas, su problema es que están enfocados en las carencias de la población y no en garantizar sus derechos, por lo que simplemente “tapan baches” pero no modifican sus condiciones de vida.

“No existe un esfuerzo deliberado por parte de los responsables de estas intervenciones por articularlas con otras acciones, a fin de que las personas con mayor vulnerabilidad en el país gocen plenamente de sus derechos y tengan mejores capacidades y oportunidades para superar su situación de pobreza. Por tanto, no transforman las condiciones que generan la pobreza y, por el contrario, refuerzan la lógica asistencialista y el potencial uso clientelar en la entrega de bienes o dinero”, advierte el informe.

Uno de sus autores, Guillermo M. Cejudo, señaló durante la presentación que el gobierno federal ha carecido por mucho tiempo de información precisa para la toma de decisiones en materia de política social, ya que los datos no se actualizan o se renuevan en cada administración, lo que provoca pérdida de continuidad de los programas.

Indicó que la futura Coordinación General de Programas Integrales para el Desarrollo, del próximo gobierno tendrá que crear espacios de coordinación para todas las políticas, que actualmente no existen.

Por su parte, Pilar Parás, representante de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, llamó a cambiar el actual sistema de seguridad social por uno de protección social que incluya a todos los grupos que requieren atención y no esté anclado al trabajo formal. “Actualmente sólo hay acciones dispersas que generan clientelismo y corrupción”, señaló la activista.

Esta desorganización imperante en la política social ha provocado que no toda la población que requiere apoyos los reciba y, por otro lado, hay familias enteras que viven de los apoyos sociales, advirtió la secretaria de Desarrollo Social de Quintana Roo, Rocío Moreno. Invitada al panel, la funcionaria confirmó que la actual política social premia los programas que perpetúan la pobreza, en lugar de incentivar a los que funcionan. “Hay pocas personas especializadas en política social (en el gobierno), esos puestos se los suelen dar a políticos por su carisma o su cercanía con la gente”, dijo.

A este ejercicio de autoanálisis sobre las condiciones en que actualmente se desarrolla la política social en México se sumó Almudena Ocejo, próxima titular de Desarrollo Social de la Ciudad de México, quien admitió que si entre las instancias federales y locales no existe coordinación, es simplemente porque no quieren coordinarse, pues todos quieren destacar su propio trabajo en un afán de no perder asignaciones presupuestales. “Esto es un desmadre de intereses y de cotos de poder”, sentenció.

Finalmente, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Gonzalo Hernández Licona, dijo que el enfoque asistencialista y clientelar de la política social se debe fundamentalmente a que los programas se piensan con un enfoque electoral, por lo que los políticos siempre van a buscar “enamorar” a los votantes con recursos fáciles e inmediatos. Esto explica por qué la mayoría de los programas sociales federales se basan en entregar dinero, más que servicios o infraestructura, según detalla el informe.

“Hacemos ‘programitas’ de adultos mayores porque nadie quiere hacer una política de protección social y un sistema de pensiones, que es lo necesario, pero es políticamente incorrecto”, detalló el funcionario.

Si el próximo gobierno empieza de cero su política social debido a la desconfianza que suele tenerse en las administraciones anteriores, se perderá tiempo, continuidad y recursos, advirtió Hernández Licona.