El 31 de enero de 2010, la noche torreonense se sacudió con el ataque al bar Ferrie, un local que durante los fines de semana lucía abarrotado en una época en que la violencia dejaba muy pocos espacios y ánimos para la vida nocturna. Pero aún con los espasmos y el terror que generó ese hecho en el que murieron 10 personas (según las cifras oficiales, porque los testimonios y relatos de los sobrevivientes multiplican el número), la sociedad lagunera estaba lejos de imaginar lo aciago y caótico que, a la postre, sería aquel año. 

Apenas cuatro meses después, el 15 de mayo, la metralla se ensañó contra otro centro nocturno: el Juana’s Vip. Este nuevo capítulo de sangre, que dejó 8 fallecidos (cifras oficiales también tachadas de conservadoras), volvió a sacudir a una ciudad que, poco a poco, comenzaba a habituarse al clima delictivo. Todavía en medio del aturdimiento, el 18 de junio, 18 personas fueron asesinadas en la quinta Italia Inn mientras pasaban la tarde en una fiesta de cumpleaños. 

Durante 2020, al cumplirse exactamente una década, el recuerdo de estos negros capítulos de la historia lagunera habrá de resonar con fuerza. Y no es para menos: estos tres hechos alcanzan, por sí mismos, a describir no sólo la furia delictiva que arrasaba a La Laguna hace diez años, sino el horadado y enclenque estado de derecho, la pasmosa corrupción de las instituciones, la colusión de muchas de ellas con la delincuencia y, por ende, la vulnerabilidad casi absoluta en que se encontraba la ciudadanía. El nivel de podredumbre era tal, que poco tiempo después se conoció que los autores materiales de esos tres aparatosos ataques, eran internos del Cereso 2 de Gómez Palacio, a quienes se les permitía salir a matar por ajustes de cuentas utilizando vehículos oficiales del centro penitenciario y las armas de los custodios. El gobierno federal confirmó que en los ataques a El Ferrie, al Juana’s Vip y a la quinta Italia Inn, se utilizaron por lo menos cuatro fusiles AR-15 asignados a los guardias del centro penitenciario.

Eran las épocas del Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad, que era el nombre institucional de la lucha antinarco encabezada por Felipe Calderón y por el hoy deslegitimado Genaro García Luna. Eran las épocas en que Humberto Moreira gobernaba Coahuila y eran las épocas en que la violencia comenzaba a hervir en La Laguna, una región que tiempo después se colocaría como la quinta localidad más peligrosa del mundo.

En 2010, los homicidios en todo el territorio nacional totalizaron 25,757 cuando un año antes, según el INEGI, la cifra había sido de 19,803. 2010 fue el año en que por primera vez el Banco de México reconoció a la violencia como un riesgo capaz de provocar un estancamiento económico. Los estados más violentos aquel año eran Chihuahua, Sinaloa y Durango y se establecía que el acumulado de muertes violentas entre 2006 y 2010 era de casi 40 mil y eso ya se consideraba una catástrofe. Cómo será la situación que ese total, obtenido de la suma de cuatro años, no dista mucho de la cifra de 2019, que cerraría en torno a los 32 mil asesinatos.

En el caso de Coahuila, 2010 marcó una notoria escalada de la violencia al contabilizar 449 homicidios que se verían superados por los 730 de 2011 y los 1,160 de 2012. A partir de ahí inició una notoria recuperación que se ha consumado en los últimos años. 
A Torreón le pasó lo mismo: su situación de violencia detonó a partir de 2010 al concentrar 290 homicidios que pasaron a 499 en 2011 y 783 en 2012. De ahí, acorde con la realidad del estado, los números fueron bajando considerablemente.

El 2020 traerá el recuerdo, a una década de distancia, de aquellos hechos que fueron el estridente síntoma de una ciudad enferma. Ante la inercia delictiva que aún azota al país, queda la enorme tarea de convertir aquellas memorias de sangre en el lejano murmullo de un eco ahogado.


@manuserrato
Manuel Serrato
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