Una incógnita censo sobre desplazamiento forzado en Allende en marzo de 2011

Luego de solicitar a las autoridades pruebas de cumplimiento con la recomendación VG10/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el caso conocido como “La Masacre de Allende”, el Gobierno del Estado junto con la Fiscalía General no logró detallar los resultados de las acciones emprendidas.

En la recomendación, la CNDH envió al Gobierno del Estado 14 puntos recomendatorios respecto al caso, de los cuales al menos 7 son compartidos con las autoridades de procuración de justicia y el Municipio de Allende, Coahuila.

En uno de los puntos que en los que el Gobierno del Estado no detalló resultados, fue en el que la CNDH solicitó a esa instancia, al Municipio de Allende y a la Fiscalía General que al término de seis meses realizara un censo que estableciera el número total de personas desplazadas en la franja fronteriza de Coahuila durante los actos emprendidos por el cartel de los Zetas entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 en dicho municipio.

Hasta hoy, la Secretaría de Gobierno de Coahuila respondió que ya se han puesto en contacto con dichas autoridades, academia y organismos civiles para generar una metodología para el censo, y no mostró pruebas ni datos concretos sobre los resultados que debieron concluir desde septiembre de 2018.

“Se informa que el Gobierno del Estado de Coahuila en coordinación con la Fiscalía General de Coahuila, los municipios de la Región Carbonífera, y en su caso del sector académico y organizaciones de la sociedad civil que deseen participar en la construcción de una metodología que permita realizar un censo para determinar, primeramente la existencia del fenómeno de desplazamiento forzado, en su caso, el número de personas desplazadas y los mecanismos que permitan retorno de quienes así lo deseen”, dice el Gobierno sin detallar los resultados de la metodología, o en su caso, de los hallazgos obtenidos.

De acuerdo con la Comisión Nacional, dicho punto recomendatorio debía concluir en el lapso de seis meses, con la intención de que las víctimas fueran resarcidas del daño provocado por el desplazamiento forzado.

“Este punto recomendatorio se dará por cumplido cuando las autoridades envíen a esta Comisión Nacional, un informe sobre los avances en la realización del censo, el cual deberá estar terminado en un plazo máximo de seis meses”, incluyó dicho órgano en la recomendación.

Entérese

El pasado 16 de enero, VANGUARDIA publicó con información solicitada vía transparencia, que el Ayuntamiento de Allende únicamente presentó como pruebas del cumplimiento, una serie de exhortos realizados a su cuerpo administrativo y edilicio con razón de lo emitido en la recomendación del caso por la CNDH, y uno de los ejemplos fue el exhorto donde a los policías municipales, mismo cuerpo que fue el principal señalado como perpetuador y colaborador para la serie de crímenes ocurridos ese fin de semana, recibieron un llamado que decía: “No hagan detenciones arbitrarias”.