Una lucha férrea, tenaz e imparable
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Hoy es el día de conmemoración de la Constitución mexicana, se celebran 104 años de la promulgación de la que conocemos como la Carta Magna. No es un hecho menor que esta semana, después de 14 años de batalla sin freno para alcanzar justicia, por fin la conjura y los actos ilegales de los que ha sido objeto Lydia Cacho podrían esclarecerse y conseguir justicia.
Con la detención del exgobernador de Puebla, Mario Marín, apodado el “Gober Precioso”, quizá se avance hacia el oasis de la justicia en la vida social, especialmente frente a la proliferación de la violencia sexual y de género contra las mujeres, el mal radical del siglo 21.
Con lujo de ilegalidades, Lydia fue arrestada en Cancún a causa de la publicación del libro de su autoría, “Los Demonios del Edén”. Fue detenida por los delitos de difamación y calumnia (diciembre 2005), entonces ella residía en aquel puerto turístico y desempeñaba su actividad profesional de periodista, además defendía los derechos humanos de niños y mujeres que sufrían violencia. Tras detenerla fue trasladada a Puebla, por un destacamento policiaco de cinco autos
–un viaje de 20 horas en el que fue hostigada con agresividad– como si se tratase de la detención de un peligroso capo del narcotráfico. Le dieron la libertad después de pagar una fianza de 70 mil pesos. Fue un “secuestro legal”, narra Cacho en su autobiografía.
En el 2006 se hicieron públicas las grabaciones telefónicas entre el industrial poblano Kamel Nacif Borge y el gobernador Mario Marín en donde queda clara la colusión para la detención de Lydia Cacho. La periodista denunció ante la Procuraduría General de la República al Gobernador de Puebla y al empresario Nacif Borge, también fueron denunciadas la procuradora de Puebla, Blanca Villena y la jueza Rosa Celia Pérez González por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones. Lydia reveló la existencia de una red de explotación sexual infantil y sacó a la luz la complicidad de empresarios y funcionarios públicos para acallar este caso de pederastia.
El 10 de julio de 2020, el Gobierno mexicano informó la localización del empresario Kamel Nacif Borge, en Líbano, la Fiscalía General de la República solicitó al Gobierno de ese país la extradición de Nacif, pero aún es prófugo de la justica.
La SCJN, en audiencia pública con siete votos a favor y tres en contra, determinó ampliar la indagación sobre la violación de derechos sufrida por Lydia (8-28-2006).
El abogado de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, quien representa legalmente a la periodista, informó que hay tres policías acusados y procesados por la tortura: uno fue sentenciado, otro se encuentra prófugo y uno más fue capturado y lleva su proceso en prisión.
Desde noviembre de 2018, detalló el abogado, se sumaron tres órdenes de aprehensión contra tres policías más quienes no han sido capturados. Hasta ahora hay entre ocho y diez personas que deben ser responsabilizadas, desde policías que ejecutaron la violencia hasta quienes dieron la orden de detener y torturar a Lydia.
El abogado explicó que una orden de aprehensión por tortura no prescribe porque se trata de una violación grave a derechos humanos y es un delito de lesa humanidad. En este caso, dijo es claro que se echó a andar una maquinaria para castigar a la periodista por sus publicaciones.
No deja de ser sorprendente que Mario Marín se haya mantenido impune por casi 14 años sin dar señales de su paradero y protegido por funcionarios ligados al poder en los regímenes del PRIAN, sin voluntad política para capturarlo o detenerlo, es su siniestro legado, capitulo negro reabierto ahora, los que lo creyeron olvidado reaparecen.
Estos son sólo algunos antecedentes que ha enfrentado esta valiente periodista que no se da por vencida, de ella mucho hay que aprender.
