Una más contra el estado de Derecho

Cuando el Poder Constituyente, que es el que hace la Constitución y crea los tres poderes para ordenar el funcionamiento del hecho político por antonomasia, denominado Estado, decidió que para un mejor ejercicio de la autoridad otorgada el poder debía dividirse, a más de que era una forma de evitar los abusos, el autoritarismo, la preeminencia de un poder sobre el otro, en fin, cualquier evento que pudiera poner en jaque la institucionalidad, y sobre todo el buen gobierno de una nación en perjuicio del pueblo soberano. Y hago hincapié en el pueblo soberano porque es el único que tiene este atributo, no los gobernantes, de ningún nivel. No obstante todo este esfuerzo, la Historia nos da noticia de diferentes épocas, aquí y allende fronteras, de cómo han habido vivales que llegados al poder se sienten amos y dueños de su país y valiéndoles, como hoy dicen los muchachos, lo que la ley dispone han hecho y deshecho, cometido crímenes horrendos, raterías, sinvergüenzadas de toda laya. Dictadores los ha habido, aquí tuvimos dos. El talante del Presidente de la República, fundador y dueño del partido en el poder, Morena, es notoriamente dictatorial y, fiel a su naturaleza, lo ostenta sin rubor alguno en los hechos, que son los que hablan claro de cómo son las personas. Sus legisladores en ambas Cámaras, diputados y senadores, han ejecutado a pie juntillas las instrucciones recibidas y tienen desde que tomaron posesión dándole con todo lo que les permite su mayoría, a los ordenamientos jurídicos de nuestro País. No voy a enlistar todas las barbaridades que han corrido por su cuenta, sólo voy a referirme a una de las últimas que acaban de “bordar” en el Senado de la República. No es la de la mariguana, subrayo. Es peor todavía.

Si usted, estimado lector, lectora, va al texto de nuestra Carta Magna y leen el artículo 49, se encontrarán con la contundencia de que: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Es expreso, no admite interpretación alguna. Cada uno de estos tres poderes tienen facultades explícitas. A grandes rasgos, al Legislativo le corresponde hacer las leyes, al Ejecutivo hacerse cargo de que se observen y al Judicial sancionar a quienes las violente. Si usted lee específicamente el artículo 89, que es el que regula las facultades del Poder Ejecutivo en sus veinte fracciones, no hay ninguna que le dé facultades ni al titular, ni a sus secretarios de despacho, ni a titulares de órganos como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, para que asuman funciones que le corresponden de manera exclusiva al Poder Judicial, ninguna.

Pues a la mayoría y adláteres de senadores de Morena les tuvo muy sin cuidado la norma jurídica de más jerarquía en nuestro País y le han dado facultades a la UIF para bloquear cuentas bancarias sin mediar la orden de un juez. Eso por un lado, y por el otro, mandando al carajo, discúlpeme la palabrota, estimado leyente, una garantía constitucional que tenemos los gobernados y que en el artículo 14 reza así: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. Y remata el 16 del mismo ordenamiento: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Están violentando normas constitucionales, invadiendo facultades del Poder Judicial y pasando por encima de derechos fundamentales reconocidos en la parte dogmática de la Constitución. Esto es grave. Este es el punto. Se están cargando el orden jurídico de más jerarquía, están atentando contra el estado de derecho. Y cuando esto viene de representantes de los mexicanos, que se presumen salvaguardan los intereses de estos, no tiene nombre. No tiene justificación alguna semejante reforma. Si la UIF tiene elementos que recurra a la Fiscalía General de la República, que ésta realice la investigación, ese es su trabajo, y teniendo las evidencias sustentadas que recurra a la autoridad judicial para que esta actúe en contra de quienes están siendo señalados como sospechosos de evasión fiscal, lavado de dinero, etc., y ya con una orden jurisdiccional de por medio la UIF podrá actuar. Ese es el procedimiento, no lo que aprobaron en el Senado, Morena y sus satélites.

No es asunto menor… Así se van devorando a un país los depredadores electos democráticamente.