Especial

El sistema penitenciario de nuestro País está podrido hasta el tuétano. El diagnóstico respecto al mismo es de sobra conocido: corrupción, violaciones reiteradas de los derechos humanos, sobrepoblación, delitos generados desde dentro de los propios penales, motines… Es historia antigua y no se ha resuelto. Los desmanes que tienen lugar sin duda constituyen un negocio muy rentable para autoridades y capos. ¿Qué no? Desde el momento en que en las cárceles mexicanas existe un autogobierno, es decir, que ahí hacen lo que les pega la gana en la absoluta impunidad un grupo de malandros que tienen sometidos a los internos, y la autoridad se hace como que la virgen le habla, está a la vista que lo que mandata el artículo 18 constitucional es letra muerta: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir…”.

El sistema a todas luces no opera en esos términos. Ahí se cobra por acceder a servicios básicos: baño, regaderas, jabón, etc., se paga cuota para proteger su integridad personal, y se requiere de complicidades con la autoridad penitenciaria para tener consigo celulares, drogas, sexo… y no pasa nada. Financiera, legal, institucional y políticamente los penales están en el último lugar de la fila de asuntos sin importancia para el gobierno en turno. Verbi gratia, el presupuesto asignado a las partidas clasificadas como Reclusión y Readaptación Social se redujo en poco más de mil millones de pesos para 2019. De nada sirve investigar el delito con apego irrestricto a la ley –gulp…–, consignar y sentenciar debidamente a los imputados –otra vez gulp– si la sentencia la van a compurgar en un lugar en el que campean la corrupción y el des…desorden. De ninguna manera el interno tiene garantizado que su deuda con la sociedad la va a pagar en un ambiente de respeto a su dignidad de persona.

Derivada de esta sordidez consentida, no hay argumentos para desmentir la afirmación de que las cárceles son universidades del crimen. Ahí no hay rehabilitados. En septiembre del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de ley de Amnistía, surgida de un compromiso de campaña en favor de tres grupos de elevada vulnerabilidad social: las mujeres, los jóvenes y las personas indígenas, para los siguientes delitos: aborto, robo simple, delitos contra la salud y sedición sin violencia. El dictamen fue aprobado por la Cámara de Diputados el miércoles 11 de diciembre de 2019, por 306 votos en pro, 129 en contra y cuatro abstenciones. El GPPAN (Grupo Parlamentario del PAN), al igual que PRI y PRD votaron en contra y MC dividido. En el Senado la minuta se turnó a la Comisión de Gobernación y a la de Estudios Legislativo, con opinión de la de Igualdad de Género, todas presididas por Morena. Este lunes 20 de abril fue aprobada en el pleno con 63 votos a favor de Morena y aliados, en contra 12 senadores del PAN y tres abstenciones, los priistas se retiraron. Ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y ya entró en vigor. Todo en fast track, como se acostumbra en los cánones del servilismo presidencialista… que no se ha transformado, sino todo lo contrario.

La amnistía es innecesaria porque ya existen las figuras jurídicas que protegen a quienes el “iluminati” otorga la gracia de la liberación anticipada. Es una farsa más de su gobierno de cuarta. La ley vigente regula el tema de la pobreza que se consigna en el artículo 89 de la Constitución federal. En la Ley de Defensoría Pública se mandata la extinción de acción penal para pueblos y comunidades indígenas, así como la defensa y previsión de traductores. La Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal contempla también soluciones alternas. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la libertad anticipada. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece medidas positivas para pueblos indígenas en beneficio de preliberación y criterios de oportunidad en caso de reparación del daño cuando el delito sea sin violencia. Ah… y también se cuenta con el indulto por gracia, que aplica y que ejerce el Presidente, o el indulto por necesidad que puede avenirse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En resumen, quedarán libres aquellos que hayan cometido un robo cuya cuantía sea hasta por 42 mil 500 pesos. Quedarán impunes cristalazos, robo de identidad, robo cibernético, robo hormiga, robo a casa habitación, robo obviamente de celulares, de computadoras, tarjetas de crédito, de débito. La incidencia delictiva es de 98 mil 694 registrados en el delito de narcomenudeo en entidades federativas, frente a mil 045 en el fuero federal. Y López Obrador lo sabe, lo consignó en su propia Iniciativa. Y bueno, pues a la población que Dios nos la ampare buena. Compraremos un garrote, a ver si de pérdida al vernos con el disuadimos a los liberados con ánimos de reincidencia. La pandemia del coronavirus le vino como anillo al dedo, él mismo lo dijo, para seguir con su programa de politiquería electorera. La elección del 2021 es vital para López Obrador, de modo que hará cuanto esté a su alcance para mantener a su mayoría de incondicionales en el Congreso de la Unión, en detrimento de cada mexicano que sí trabaja y paga impuestos. Hemos tenido regímenes deleznables, pero el de hoy no tiene ma…

Esther Quintana Salinas

Columna: Dómina

Nacida en Acapulco, Guerrero, Licenciada en Derecho por la UNAM. Representante ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Coahuila para los procesos electorales.