Muchos estudios académicos se escribirán durante los próximos años a propósito de la discusión que quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron este jueves, previo a la decisión de declarar constitucional la consulta solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para investigar presuntos delitos del pasado.

Será la primera ocasión, y esto es importante subrayarlo, en que se utilice este mecanismo de democracia directa previsto como un derecho de los ciudadanos mexicanos en el artículo 35, numeral VII de la Constitución.

Para desgracia colectiva, sin embargo, la jornada inaugural de este instrumento se ha visto ya manchada por los excesos presidenciales, primero, y por la obsequiosidad de una mayoría de la Corte que no ha dudado en buscar una decisión “salomónica” que le permitiera, como dice la voz popular, “quedar bien con Dios y con el diablo”.

Habrá quien diga que se trata de un ejercicio inocuo, a partir de la redacción de la pregunta aprobada por la Corte que, en estricto sentido, lo que implica es preguntarle a la sociedad si está de acuerdo en que, quienes han jurado cumplir y hacer cumplir la ley, cumplan esa promesa.

¿Quién podría estar en contra de que “se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminadas a garantizar la justicia y el derecho de las posibles víctimas”?

En este sentido, la nueva redacción propuesta por la Corte no hace sino evidenciar la inutilidad de una consulta de la cual ya conocemos el resultado desde ahora y acentúa la intención exclusivamente política del ejercicio, intencionalidad que incluso fue explícitamente reconocida ayer durante el debate en el pleno de ministros.

Ese hecho –el que se trate de una consulta cuya principal intención es política– constituye un elemento de distorsión para el proceso electoral de 2021 y eso, en el fondo, implica la peligrosa posibilidad de influir indebidamente en la decisión de los electores.

Con independencia de la forma en que la consulta pudiera influir en el resultado de las elecciones, la decisión adoptada por la Corte implica un indeseable precedente en el sentido de que un instrumento que debiera servir para que los ciudadanos nos pronunciemos en relación con temas de real trascendencia colectiva se utilice con fines estrictamente políticos.

Habrá que seguir con atención el desarrollo de los acontecimientos en las próximas semanas y meses, sobre todo en términos de la forma en que la discusión pública procese la decisión adoptada ayer.

Lo que puede afirmarse desde ahora, sin embargo, es que tal decisión no ha convertido a la nuestra en una democracia más robusta, ni al estado de derecho en un faro que marque el rumbo que la nación debe seguir para consolidarse como un coletivo que persiga la construcción de una sociedad auténticamente democrática.