Lo que puedo asegurar es que no fueron desvíos, solamente que se canalizaron a otra parte, con plena autorización del Gobierno. Tengo conocimiento de esa parte: la Universidad en aquel tiempo tenía una nómina rebasada en el Gobierno Federal por lo que se tenía que utilizar de gasto corriente o de obra para poder pagar la nómina; se puede decir que en ningún momento se dio mal uso del recurso”.

La anterior es la declaración realizada por el rector Electo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Miguel Vázquez Badillo, frente a la difusión de un hecho concreto: en los últimos cinco años dicha institución educativa ha utilizado más de 170 millones de pesos -incluso desviando recursos originalmente etiquetados para la construcción de infraestructura- para indemnizar a trabajadores despedidos.

De acuerdo con el funcionario, que tomará las riendas de la UAAAN, el haber utilizado recursos, etiquetados en el presupuesto para el gasto corriente o para la realización de obras, no constituye una irregularidad, ni implica “darle mal uso” a los recursos públicos que se le entregan a la institución.

Es probable que el futuro rector esté confundiendo el desvío de recursos con el peculado, es decir, que al decir que “no se usó mal” el dinero lo que quiera decir es que nadie se lo robó, lo cual puede concederse de antemano que sea cierto, es decir, que ni un sólo centavo del presupuesto de la Narro fue a parar indebidamente a los bolsillos de ninguna persona.

Pero no robarse el dinero no es sinónimo de ejercicio adecuado del presupuesto, pues el “uso correcto” de los recursos públicos implica realizar un ejercicio de presupuestación y, una vez concluido éste y aprobado el monto de recursos a utilizar, emplear el dinero exactamente en aquello que se planeó.

No hacerlo -tal como ocurrió en el caso de la Narro- constituye una irregularidad en el ejercicio presupuestal e implica que los funcionarios responsables de administrar los recursos no están cumpliendo con sus deberes en la materia.

Y, como ya se ha dicho anteriormente, el aspecto más grave, en el caso de lo ocurrido en la Antonio Narro, es que las autoridades de la institución hubieran contratado personas -cientos de personas- sin tener autorización para ello, es decir, sin contar con el presupuesto para pagar dichas plazas.

Como se ha documentado con anterioridad, esta irregularidad es la que obligó posteriormente a las autoridades de la UAAAN a despedir a 655 trabajadores con el propósito de ajustar el gasto en nómina a los montos que tienen autorizados por la Secretaría de Hacienda.

Más allá del problema del presupuesto, el hecho en sí mismo constituye una irregularidad detrás de la cual podrían encontrarse incluso hechos ilegales que ameritarían una investigación y, eventualmente, la imposición de sanciones a quienes tomaron decisiones que le han costado a los contribuyentes decenas y acaso cientos de millones de pesos.

Pero para eso, desde luego, primero es indispensable que se tenga claro que el “correcto” ejercicio del presupuesto implica mucho más que impedir el robo del dinero público.