Uso excesivo de la fuerza letal, ¿quién la detendrá?

Hace apenas unas semanas, la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila dio a conocer una recomendación a través de la cual reprochó a la Fiscalía General de Coahuila el que sus elementos incurrieran en excesos al momento de hacer uso de la fuerza asesinando -literalmente- a un migrante a quien luego pretendieron criminalizar.

Lo deseable habría sido que el episodio en el cual perdió la vida el migrante hondureño Marco Tulio Perdomo Guzmán hubiera sido un hecho aislado, es decir, que estuviéramos solo ante el exceso de un mal policía en cuyo reclutamiento, formación o entrenamiento se cometieron fallas.

Por desgracia, en esta edición publicamos un reporte que parece dejar claro que, en materia de formación policial, en Coahuila existen serias deficiencias y que quienes debieran garantizar nuestra seguridad constituyen más bien un peligro para ella.

Y es que no se puede explicar de otra forma el que un grupo de policías, integrantes del Mando Único Estatal, dispararan indiscriminadamente ayer en contra de una familia, en el municipio de Zaragoza, privando de la vida a una menor de apenas dos años.

La escueta información que se conocía hasta el cierre de la edición de ayer (porque, una vez más, quienes debieran informar “administran” los datos sin que pueda entenderse la lógica de tal actitud) indicaba que los hechos podrían derivar de un frustrado intento de secuestro en contra de un mando policial destacamentado en aquella población.

La información extraoficial señala que, tras escapar de sus presuntos captores, el mando policial habría alertado a sus compañeros proporcionándoles las características del vehículo a bordo del cual habrían escapado aquellos.

Activada la alerta, los policías habrían iniciado una persecución en contra de un vehículo con las características del que les habían descrito, pero en algún momento decidieron abrir fuego en contra de los ocupantes del mismo para detener la marcha del vehículo.

Habrá que esperar a la difusión de la información oficial, desde luego, pero igual que ha ocurrido en ocasiones anteriores, resulta imposible justificar la actuación policial en contra de una familia indefensa que terminó enlutada debido a la brutalidad de unos policías que claramente no tienen la menor noción de que el uso de la fuerza está regulado.

Ante este nuevo episodio de uso desproporcionado de la fuerza letal resulta obligado cuestionar a la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad Pública respecto de los procesos de reclutamiento, selección, adiestramiento y formación de quienes integran los cuerpos de seguridad en Coahuila, porque claramente no se está cumpliendo con la normatividad en la materia.

Cabría esperar, de entrada, que contrario a lo ocurrido el pasado mes de agosto en el caso de Marco Tulio, no se pretenda criminalizar a las víctimas de este nuevo acto de salvajismo policial y que ambas dependencias se comprometan a corregir los procesos en los que están fallando y que, como está claro, cuestan vidas humanas.