Videovigilancia y la violación a la privacidad

El pasado mayo, en este mismo espacio, pusimos en tela de duda el proyecto de videovigilancia con tecnología de reconocimiento facial que el gobierno de Coahuila está impulsando como parte de sus estrategias de seguridad pública. En aquel momento criticamos que mientras la autoridad estatal vende la idea de que estos dispositivos constituirán una herramienta indispensable para la persecución de delitos y un arma contra la impunidad, en otros países del mundo se ha dado marcha atrás a su uso por considerar que el reconocimiento facial es violatorio de los derechos humanos.

En aquel entonces analizamos el caso de San Francisco, una ciudad tecnológicamente avanzada que vetó este tipo de tecnología bajo el argumento de que el riesgo para las libertades civiles es mayor a los beneficios, además de que con su utilización se puede exacerbar la injusticia racial y amenazar la capacidad de vivir sin la continua vigilancia gubernamental. Pero principalmente pesó la denuncia de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, en el sentido de que las cámaras “identificaron” erróneamente a 28 congresistas como criminales, la mayoría pertenecientes a minorías raciales. Y es que, además, se ha demostrado que el margen de error de las tecnologías de reconocimiento facial se eleva mientras más oscura sea la piel del individuo, lo que abre la puerta al uso faccioso, político y discriminatorio de estos aparatos.

Hoy el tema vuelve a estar sobre la mesa porque la instalación de las cámaras lleva ya un 95 por ciento de avance y, ante su inminente operación, las posturas en contra se siguen alzando. Una de ellas es la de “Formemos”, una asociación civil creada recientemente en La Laguna y que ha promovido juicios de amparo buscando que se declare inconstitucional el uso de las cámaras de videovigilancia en el entendido de que, por su naturaleza “intrusiva, abusiva, arbitraria e injustificada”, suponen una violación a la privacidad y un riesgo para los datos personales de miles de ciudadanos. Datos que, por cierto, una autoridad debió haber entregado previamente a través de documentos como la credencial de elector o la licencia de conducir.

El presidente de “Formemos”, Álvaro Cárdenas, expuso en el programa Contextos, de Noticieros GREM, que en Torreón se han acercado más de mil ciudadanos dispuestos a ampararse en contra del uso de las cámaras de videovigilancia. A decir suyo, “nada garantiza que las autoridades no utilizarán el reconocimiento facial para fines políticos o personales”. Además, el anuncio de que para el monitoreo no se contratarán operadores, sino que se capacitará a elementos de la policía estatal, incrementa la desconfianza ya que la corporación no goza precisamente de la mejor reputación ante los ojos de la ciudadanía. 

Sin embargo, difícilmente la operación de las videocámaras se echará por tierra. El gobierno de Coahuila ha invertido 600 millones de pesos en instalar mil 200 aparatos en los municipios más poblados de la entidad. En Torreón, además de las 400 que está instalando el Estado, operan las 105 que colocó el Municipio, por lo que lo mínimo que se espera es que las autoridades transparenten los resultados que arroje el haber montado ese orwelliano escenario que nos tendrá permanentemente colocados en una pantalla. 

Se supone que, en estricto sentido, el uso de la videovigilancia debe responder a los principios de idoneidad y de mínima intervención. Es decir: que se utilice bajo situaciones muy específicas y totalmente justificadas, sin afectar la intimidad y honorabilidad de las personas. Insistimos con la pregunta: ¿usted confía en que un gobierno como el de Coahuila seguirá responsablemente estos principios? ¿Justifica usted que se viole el derecho a la privacidad en aras de un combate supuestamente más efectivo al delito? 

@manuserrato
Manuel Serrato
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