Vinculan a proceso a Édgar Puente, exdirigente del desaparecido Partido Joven de Coahuila, y lo mantienen en prisión por despojo y fraude
Hallan pruebas suficientes por despojo y fraude
El exdirigente del desaparecido Partido Joven de Coahuila, Édgar Puente, fue vinculado a proceso ante las acusaciones de despojo y fraude, por lo que la jueza que lleva el caso decidió que seguirá en prisión preventiva por tres meses más, mientras siguen las investigaciones y se define su situación.
En la audiencia celebrada ayer, el agente del Ministerio Público que lleva la investigación recordó que en octubre de 2017, Puente y otra persona identificada como Francisco Ramírez irrumpieron en un predio del sur de Saltillo, apropiándose ilegalmente de este bien, propiedad de Grupo Inmobiliaria Jirafa, empresa que forma parte de Grupo Vanguardia.
El agente del MP agregó que tras el despojo, sobre el predio se ha ubicado un asentamiento ilegal, en donde ya se han instalado caminos de comunicación.
En este terreno en el sur de la ciudad, Puente vendió algunos predios para la colonia que finalmente llamaron “República de Cuba”.
Pese a que Puente y su defensa presentaron a cinco testigos que intentaron negar los actos delictivos, al señalar que éste era inocente, al manifestar que su relación con Francisco Ramírez se debe a la “gestoría social” a la que se dedican.
“La acusación no tiene fundamento, conozco a Francisco al ser gestor social, porque él tiene a su cargo algunos predios. Mi relación con él es laboral”, externó.
Sin embargo, la jueza en su decisión manifestó que existen elementos suficientes para indagar a fondo la teoría presentada por el ministerio público y los abogados de Grupo Vanguardia.
El 22 de febrero, Édgar Puente fue detenido, y en su audiencia de control de detención, le impuso una medida cautelar de prisión preventiva dado los argumentos que presentó el Ministerio Público, además de que nunca respondió a las notificaciones hechas anteriormente al no registrar su domicilio.
Se estima que los daños que tendrían que pagar si son encontrados culpables, rondan los 8.6 millones de pesos.
