Policía acusado de crimen contra migrante en Saltillo es vinculado a proceso; arma habría sido sembrada
Acreditan uso ilegal de la fuerza
Saltillo.- Al no haber acreditado su nula participación en los hechos, Juan Carlos N, el policía acusado de haber accionado el arma que le quitó la vida al migrante hondureño Marco Tulio, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado con ventaja.
En una audiencia citada para las 9:30 horas de este viernes, misma que corrió el riesgo de suspenderse tras la demora de las partes, la juez Lilia Sánchez, escuchó los alegatos tanto del ministerio público del caso, como de los defensores de Juan Carlos N para tomar una determinación.
Pese a que la defensa de Juan Carlos solicitó la no vinculación a proceso, la juez acreditó que las pruebas testimoniales, periciales y con lo que indican los diversos informes emitidos por las autoridades, que el imputado violó los códigos que implican la Ley Nacional sobre Uso de Fuerza, y cuestionó la determinación de dicho acto, pues la corporación de la Fiscalía a la que pertenece el elemento requiere un alto grado de preparación y tácticas para uso de armas.
“Las máximas de la experiencia me permiten definir que para ingresar a este grupo se debe tener un alto grado de preparación”, expuso la juez Lilia Sánchez.
De acuerdo a la narración que dio el Ministerio Público, en todas las entrevistas que dieron los seis elementos se concluía que había sido Juan Carlos quien habría disparado el arma, y aunque la defensa del imputado manifestó que el disparo no había sido por la espalda, dicha teoría fue desechada por la juez al no acreditar fehacientemente que la trayectoria no haya ido en ese sentido.
Por otro lado, la teoría que acusa a Juan Carlos también se fortaleció con los testimonios que dieron los migrantes sobrevivientes quienes narraron que Marco Tulio corrió con su hija menor de 8 años durante la persecución, y el hecho de tomarla por la mano y abrir camino por un alambre de púas para sus compañeros dejó sin efecto la manifestación de que Marco había iniciado el fuego contra los elementos, pues la teoría en términos de complejidad no cuenta con argumentos.
En la misma audiencia, la defensa de Juan Carlos N, el elemento de 23 años, manifestó que además, a la mochila que portaba Marco Tulio le había sido encontrada un arma y droga blanca; sin embargo, esta teoría, aunque no fue discutida por el Ministerio Público, queda desechada por la Casa del Migrante, pues ellos revisan en la entrada todo lo que es ingresado por las personas migrantes, y a la salida les regresan sus pertenencias.
Asimismo, la juez cuestionó para su determinación el hecho de que en el informe policial que fue emitido por el Grupo de Operaciones Especiales de la FGE donde se incluía a Juan Carlos, fuera distinto al presentado por la pericial que levantó el cuerpo de Marco Tulio, pues mientras que en uno se indica el hallazgo de un arma a un costado del cuerpo del migrante, el otro informe que se llenó una hora después indicaba que el cuerpo portaba el arma en su mano con notorios indicios de intento de disparo.
Aun cuando la Fiscalía manifestó que fueron llamados los seis policías que se encontraban en el operativo aquella noche del 31 de julio, para esta determinación, la defensa desechó la participación de los elementos quienes deberían presentar su versión de los hechos ante la autoridad judicial, y solicitó que se tomaran en cuentas las pruebas anteriormente recabadas en entrevistas con los elementos.
Para el plazo de investigación complementaria, la Fiscalía le solicitó a la juez un término de cinco meses para llevar la próxima audiencia, y en esa petición la fecha estimada por la juez se puso para el próximo 9 de febrero.
Agotada la audiencia, el asesor religioso de la Casa del Migrante, el padre Pedro Pantoja insistió en que este suceso debe ser catalogado como un crimen de odio, y manifestó que las teorías del armamento y las drogas, no son más que intentos por criminalizar a la población migrante, y exigió que no sólo se incluya en el juicio a Juan Carlos N, sino a los otros implicados y a los mayores respondientes del Grupo de Operaciones Estratégicas.
“En ese momento tuvieron que pedir consejo de autoridades superiores. No solamente se debe incluir al conjunto de oficiales, sino a mandos superiores”, expresó.