La violencia estructural que han padecido y padecen las mujeres en nuestra sociedad se ha denunciado de todas las formas posibles. También se han realizado esfuerzos por crear mecanismos capaces de contenerla y revertirla. Pero la realidad nos demuestra, una y otra vez, que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes.

El reporte que publicamos en esta edición, relativo a la agresión sufrida por Rumalda, una conciudadana nuestra, quien fue baleada por su expareja, es apenas el enésimo ejemplo de la forma en la cual hemos fracasado hasta ahora en el propósito de revertir la cultura de violencia hacia las mujeres.

El dato crítico de esta historia es uno que hemos escuchado ya demasiadas veces: Rumalda denunció por acoso, apenas en marzo pasado, a quien fuera su pareja sentimental, José Alfredo, pero tal medida fue insuficiente para contener sus impulsos y ayer le disparó con un arma de fuego en una pierna.

Por fortuna, la historia no ha tenido un desenlace trágico, entendiendo por ello el que siga con vida. Pero si algo está muy claro en este momento es que corre grave peligro y requiere garantías de protección, tanto ella como su hijo e incluso su familia cercana.

Pero no se trata solamente de proteger a Rumalda, sino de cobrar conciencia de que, como ella, miles de mujeres más enfrentan cotidianamente la conducta de individuos que, a partir de concebirse personalmente superiores, creen tener la legitimidad para ejercer la violencia.

Las instituciones del Estado tienen, desde luego, la responsabilidad fundamental de construir un marco institucional capaz de combatir la cultura de la violencia de forma preventiva. Pero todos los integrantes de la sociedad podemos contribuir también en ese propósito.

Y lo que nos toca hacer es simple: debemos condenar, sin ambigüedades ni fisuras, las conductas violentas de todo tipo, sin importar quién las realice. Para ello es necesario partir de una convicción: no existe argumento capaz de justificar la agresión hacia otra persona.

En la medida en la cual las conductas violentas no encuentren apoyo en la comunidad; en la medida en que quienes se conducen así sean rechazados de forma unánime; en la medida en la cual las autoridades persigan y castiguen, sin excepción, a los individuos violentos podremos ir atajando el problema y revertirlo.

En ese camino es requisito que todos los eventos de este tipo nos indignen y que la indignación no sea momentánea ni pasajera, sino una actitud permanente que implique la construcción de un muro de contención que logre lo importante: evitar que se sume una nueva víctima a esta estadística que constituye una vergüenza colectiva.

Hoy debemos estar indignados por lo que le ha ocurrido a Rumalda y exigir que en su caso particular se haga justicia, lo cual significa mucho más que simplemente castigar a su agresor: significa también garantizar que nunca más vuelva a pasar por una situación similar, e impedir que casos como el de ella sigan acumulándose.

Lo que nos toca hacer es simple: debemos condenar, sin ambigüedades ni fisuras, las conductas violentas de todo tipo, sin importar quién las realice