Violencia institucional en contra del magisterio

Existe en Coahuila un colectivo contra el cual los gobiernos del PRI se han ensañado impunemente, ese ha sido el sector magisterial afiliado a la Sección 38 del SNTE, al que también pertenecen los sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y una parte de los de la Universidad Autónoma de Coahuila; desde hace 10 años se agruparon como la Coalición de los Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila para defender los derechos que la Ley de Seguridad Social del Estado les confiere, el Estado tiene la responsabilidad de garantizarla, porque es un derecho humano, por ello es, irrenunciable, inalienable e imprescriptible, (no pierde vigencia ni validez). Las leyes del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación (1960) y la Ley de Pensiones (1961) están protegidas y adscritas al régimen de Seguridad social.

Ahora, de nuevo ante su indefensión los trabajadores se han posicionado en un plantón permanente como hace cinco años, para hacer público su reclamo de justicia mediante la instalación de una mesa técnica conformada por el Gobierno del Estado y miembros de la Coalición de Trabajadores de la Educación para exigir el Estado: Atención Médica integral, completa y de calidad. Pago del adeudo millonario del gobierno del estado y las universidades a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) y al Servicio Médico. Pago de los adeudos de seguro y retiro a pensionados. Auditorías a las cuentas individuales, FOVI, Fondo de Ahorro, Talleres Gráficos, salones y centros recreativos. Denuncias penales por delitos en contra de las instituciones de Seguridad social y reparación de los daños.

Como ya se ha expuesto varias veces en este espacio, los trabajadores derecho-habientes denuncian que, desde hace años, la Auditoría Superior del Estado detectó corrupción en el manejo de los recursos de la Dipetre por cientos de millones de pesos y el Gobierno no ha actuado a fin de investigar y sancionar a los responsables de esos hechos, por lo que los trabajadores exigen una auditoría externa, que se transparente el uso de los recursos derivados de las aportaciones, ya que es evidente el déficit económico, la falta de calidad en la atención médica, así como el exponencial y despiadado desabasto de medicamentos, es todo un rosario de daños y corrupción impune y todo ello atenta en contra de la salud de todos los derechohabientes y sus beneficiarios; son cientos los fallecidos por las deficiencias y carencias del servicio médico, responsabilidades que se evaden, esa es violencia institucionalizada.

Ante hechos tan graves, la Coalición e Trabajadores de la Educación exige que se identifiquen las causas de la quiebra de pensiones, para que el Gobierno del Estado aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Coahuila a quienes resulten responsables por el quebranto al patrimonio de la Dipetre y del Servicio Médico, que son un capital de los trabajadores.

Los manifestantes enviaron recientemente al gobernador Riquelme una cartas reclamando investigación y justicia antes los desfalcos  y él respondió con evasivas,  se lava las manos, aludiendo que no es su responsabilidad, sino de la propia Dipetre y del Servicio Médico así como de la Auditoría Superior del Estado, quienes deben dar cuenta de los presuntos delitos en contra de las instituciones de Seguridad Social de los maestros, desconociendo que son instituciones a su cargo por ser organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado de Coahuila.

Es claro que el egregio sucesor del moreirato no tiene arbitrio para asumir sus responsabilidades como garante de la seguridad social de los organismos públicos descentralizados, en cambio sí se ocupa con esmero, de endeudar al estado para ganar elecciones, en eso está; ha sido el cruel verdugo represor del magisterio y sus derechohabientes y con él, Chemita que en su momento, siendo diputado aprobó leyes que dañaron seriamente los derechos del magisterio (2015), Chemita es muy serio, no mata una mosca, pero los maestros se encargarán de cobrarle en la elección. Se pide solución ya, pero de este gobierno no es posible esperarla. Alto a la violencia institucional contra los maestros. Ni un voto al PRI.