Las conductas ilegales, por su propia naturaleza, implican castigo para quienes incurren en ellas, porque se trata de actos que los seres humanos hemos decidido rechazar por considerarles contrarios a lo deseable entre individuos que aspiran a ser considerados “civilizados”.

Sin embargo, no es sólo la conducta específica, es decir, la transgresión a la ley, lo que debe tomarse en cuenta al momento de establecer el castigo que merece el infractor. En ese proceso también cuenta lo que se conoce como “circunstancias agravantes o atenuantes”.

En otras palabras, es preciso tener en cuenta el entorno, las circunstancias específicas del caso y la condición de la persona que incurrió en la falta para determinar si la pena que contempla la ley debe ser incrementada -porque existen agravantes- o disminuida -porque se registran atenuantes.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, según el cual múltiples alumnas de la Facultad de Jurisprudencia, de la Universidad Autónoma de Coahuila, habrían denunciado la existencia de actos de acoso, abuso y violencia sexual en su contra por parte de alumnos, profesores y administrativos de la institución.

De acuerdo con la información a la que VANGUARDIA tuvo acceso, las denuncias se habían registrado como parte de un ejercicio de denuncia anónima organizado en la Facultad de Jurisprudencia con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Como resultado del mismo habrían sido expuestos, entre otros casos, una violación, un intento de violación, dos abusos sexuales y la existencia de grupos de mensajería a través de los cuales se comparten fotografían íntimas de alumnas de la escuela.

Las organizadoras del ejercicio, además de decirse sorprendidas del resultado del mismo, han señalado que los presuntos perpetradores de la conducta han sido identificados en las denuncias y que entre ellos figuran alumnos, profesores e integrantes del personal administrativo.

Lo peor del caso es que estamos hablando de una comunidad que teóricamente se dedica al estudio y la enseñanza del Derecho, es decir, de una comunidad en la cual se están formando quienes deberían ayudarnos en el futuro a defender nuestros derechos y garantizar nuestras libertades.

¿Qué clase de formación reciben los futuros abogados coahuilenses en una escuela donde el acoso, el abuso y la violencia sexuales constituyen, según parece, una actividad cotidiana?

Por otro lado, como se comentó líneas arriba, aquí estaríamos ante un claro ejemplo en el cual la conducta, de por sí deleznable, debe considerarse agravada pues estaría siendo cometida por especialistas en derecho que, por su propia formación -incipiente o completa- pueden y deben distinguir claramente entre conductas legales e ilegales.

Cabría esperar que las autoridades centrales de la UAdeC no intenten “echar tierra” sobre el caso a partir del manido argumento de “proteger el prestigio de la institución” y sí que presten toda su colaboración para que las víctimas sean capaces de denunciar abiertamente a sus agresores.