El hecho obliga a cuestionar la honestidad contenida en la petición formulada a los electores hace menos de tres meses

Apenas cinco días después de rendir protesta como integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, dos de nuestros representantes populares solicitaron licencia ayer para contender por otros cargos de elección popular. El hecho obliga a cuestionar si este tipo de conductas no tendría que ser sancionada de alguna forma por las normas electorales.

Shamir Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, y Tania Vanessa Flores, de Unidad Democrática de Coahuila, decidieron abandonar el cargo que conquistaron a partir de los resultados electorales del pasado 18 de octubre, el primero al resultar ganador de la elección en el distrito 10 y la segunda por la vía de la representación proporcional.

Al separarse de su puesto, la legisladora de UDC señaló que pretende presentarse como candidata a Presidente Municipal de Ocampo en las elecciones de este año. Fernández, por su lado, aunque declinó dar a conocer sus aspiraciones, seguramente aparecerá como candidato a una diputación federal en los próximos días.

Sobre el hecho debe decirse, en primer lugar, que las licencias solicitadas son perfectamente legales y que no existe ninguna norma que impida, a quien acaba de asumir un cargo concedido por los electores, separarse de éste para buscar otro distinto, también por la vía del voto popular.

Sin embargo, siendo legal el hecho, resulta ética y moralmente cuestionable que se le solicite a los electores de una determinada demarcación el voto para representarles en el Poder Legislativo local, rendir protesta al cargo y unas cuantas horas después separarse del mismo.

El hecho obliga a cuestionar la honestidad contenida en la petición formulada a los electores hace menos de tres meses, cuando se les ofreció llevar sus demandas al Congreso y se estableció un “compromiso” con ellos para representarles para hacer avanzar una agenda concreta.

En el caso de la diputada udecista, ella incluso hizo uso de la tribuna parlamentaria, el pasado 1 de enero, al instalarse la nueva Legislatura, para, a nombre de su partido, fijar posición respecto del trabajo que desplegaría para llevar al Congreso la voz de los ciudadanos.

No se trata, también debe decirse, de un hecho novedoso. Múltiples políticos, de todos los colores partidistas, han realizado en el pasado este acto que la voz popular ha bautizado como “chapulineo”. Pero no por ser un hecho común puede dejar de señalarse lo poco ético que resulta.

Más aún: ante la persistencia de esta conducta por parte de quienes integran nuestra clase política, resulta necesario cuestionar si no debería legislarse para impedir que alguien a quien el voto popular ha llevado a un cargo, lo abandone para ir en busca de otro.

Se trata de un derecho, por supuesto, el aspirar a representar a la ciudadanía en los órganos legislativos, pero cabe preguntarse si tal derecho es ilimitado y si el mandato que los ciudadanos otorgan con su voto no tendría que obligar de manera más contundente a quien resulta electo a permanecer en el cargo al menos la mayor parte del período.