Y la guerra ha continuado

A pesar de la retórica, era evidente que, por lo menos en este primer año, la estrategia de seguridad del gobierno federal no iba a variar tanto con respecto a las de los sexenios anteriores, por más que el presidente Andrés Manuel López Obrador las calificara, una y otra vez, de fallidas.
 
Desde abril, en esta misma columna, señalamos bajo el título “La guerra continúa” que aunque en la mañanera del 30 de enero el mandatario anunciara que “oficialmente ya no hay guerra”, la vorágine delictiva del país y sus propias decisiones, lo iban contradiciendo. Esa inercia ha continuado a tal punto que ahora, en las postrimerías de 2019 (el año que se perfila como el más violento de la historia reciente de México), el número de militares desplegados por el territorio nacional alcanza los 62 mil 954 efectivos. Es decir que en estos tiempos de la Cuarta Transformación, cuando se supone que “ya no hay guerra”, hay 15% más militares asignados a tareas de seguridad pública que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y 19.5% más que en los tiempos de Felipe Calderón.

De hecho, la Secretaría de la Defensa Nacional intensificó su presencia un 22.4% desde el fallido operativo en Culiacán, donde las fuerzas de seguridad se vieron ridiculizadas. En el caso de la Décimo Primera Región Militar, que agrupa a Coahuila y Chihuahua, el despliegue de militares creció 16.5%. En la Tercera, que incluye a Sinaloa y Durango, el aumento fue de 38.4%. El mayor incremento de efectivos lo tienen la Cuarta Región Militar, correspondiente a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí (39.5%) y la Segunda, que compone a las Baja Californias y a Sonora (42.2%).

Con una Guardia Nacional afantasmada y ante una ola delictiva irrefrenable, era lógico que el gobierno federal, pese a lo opuesto del discurso, siguiera echando mano del Ejército para las labores de seguridad. El Ejército, por cierto, recibió 35 mil millones de pesos entre 2009 y 2018 a través del Programa de Apoyo a la Seguridad Pública y este año recibió 3 mil 511 millones de pesos para desarrollo y equipamiento de la Guardia Nacional. Y, no obstante, la violencia no ha disminuido.

Repasemos las cifras de los últimos años: 2014 reportó 19 mil 669 homicidios; 2015: 20 mil 525; 2016: 23 mil 953 y todo se descontroló a partir de 2017, al registrarse 31 mil 174 (lo que rebasó a 2011, que había sido el peor año de Calderón, con 27 mil 313). 2018 cerró con 36 mil 685 y este 2019, hasta octubre, ya se contaban 32 mil 565.

A la contradicción entre el “ya no hay guerra” y el incremento del despliegue militar en el país, se suma el incoherente anuncio del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, de que la estrategia de “abrazos y no balazos” va a continuar y que el próximo año se anunciará un plan de recuperación del tejido social. Uno más que abona al cliché de la expresión.

Por cierto, hablando de estrategias, tras los hechos de Villa Unión que echaron por tierra aquel discurso de que el estado está blindado contra la delincuencia, el gobierno de Coahuila anunció el reforzamiento de las medidas de seguridad con inversiones millonarias. Además, sigue el acuerdo de colaboración con Nuevo León y Tamaulipas. Pues bien, el secretario técnico de la Mesa de Seguridad de Nuevo León, Víctor Manuel Osornio, informó que hay una modalidad de asaltos en carreteras del estado, sobre todo en las que van hacia Nuevo Laredo en Tamaulipas y a Saltillo en Coahuila. El modus operandi es que los automovilistas son alcanzados por un vehículo cuyos tripulantes les piden detenerse y los acusan de haberlos chocado, utilizando para ello vehículos golpeados con anterioridad y les exigen, bajo amenazas, pagar el supuesto daño con montos de hasta 1,500 dólares. Las autoridades de Nuevo León han contabilizado al menos 10 casos. Si bien hasta ahora esto sólo ha ocurrido en Nuevo León, erradicar esta práctica tendrá que ser prioritario para las tres entidades, que tanto han presumido su acuerdo de colaboración en seguridad pública.

Manuel Serrato
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