Esta semana ocurrió algo muy especial e interesante en Coahuila. Bernardo González Morales, quien fue dirigente estatal del PAN en Coahuila (y miembro activo del partido desde 1999) entre el 2014 y 2018, es decir las elecciones de 2015 (intermedias federales) y 2017 (gobernador y alcaldes), fue nombrado como propuesta del gobernador Miguel Riquelme como magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje por 15 años.

En tiempo electoral, ya se habían hecho muchos comentarios acerca de cómo manejaba el tema de las candidaturas, sobre todo en los municipios más pequeños o con mayor costo político y económico para el PRI, dándoselos por “alianzas” a partidos locales o poniendo candidatos “fáciles” en aquellos lugares. Ejemplo: Piedras Negras, Ciudad Acuña, Allende, Sabinas, Saltillo, entre otros.

Tomemos un poco de contexto para poder analizar lo que esto significa. Coahuila es de los pocos estados del País que quedan sin transición. Es decir, en Coahuila nunca ha ganado otro partido político que no sea el PRI la gubernatura del estado. Es importante mencionar que estos procesos de “transición” empezaron en México desde 1988, es decir, 31 años. 

Aunado a que González Morales no tiene ninguna experiencia en derecho laboral o en sindicalismo, temas concernientes al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Además, si buscamos la cédula profesional de Bernardo González (que debe ser abogado titulado con cédula para ser magistrado), tiene fecha del 2020, esto quiere decir que sacó su cédula durante estas primeras semanas del año para ocupar el cargo. En otras palabras, nos deja claro que el cargo fue una negociación política y “premio” por su actuar en las últimas elecciones, previamente pactado.

¿Qué representa esto para la vida política en Coahuila? ¿Cuál es el costo que tiene?

1. Aumento en la ausencia de credibilidad política.

2. Incentivos para aumentar la apatía ciudadana en torno a las elecciones y la toma de decisiones públicas.

3. La capacidad que tiene el poder político de obstaculizar la expresión popular.

4. La falta de credibilidad en el Poder Judicial (contrapeso importante en el sistema político) al poner magistrados sin experiencia ni perfil académico.

Coahuila se puede volver el ejemplo de lo que puede pasar a nivel País, si los partidos políticos no hacen su trabajo como verdadera oposición hacia el poder político. No se trata de estar ahí para salir en la foto u obtener beneficios económicos, sociales o políticos. Se trata de estar ahí para defender las posturas de las personas que representan, sus intereses, necesidades, su sentir, por eso se llaman “representantes”.

La reflexión va más allá de si Bernardo González es magistrado o no, la reflexión está en el costo que tiene para las ciudadanas y ciudadanos de Coahuila la ausencia de transición política en el estado por tanto años, que trae consigo pobreza, violencia y estancamiento económico, sólo por mencionar algunos problemas.

Y entonces, luego se preguntan los políticos por qué no les creen promesas de campaña. Meterse en política requiere de mujeres y hombres valientes y congruentes, con principios claros que asuman el reto de transformar a su entorno. Ser funcionario público o militante de un partido político no es un pasatiempo, es el compromiso por nuestras ciudades, nuestro estado, nuestro País. Requiere de #CiudadanosdeTiempoCompleto 

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Fundamentos de una idealista