López Obrador pone en marcha la polémica Guardia Nacional para frenar la violencia del crimen organizado, pero surge la oposición por los métodos de trabajo de civiles y militares


Sin reparo de ningún tipo, algunos estados -incluyendo Coahuila-, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, alentaron la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.

Las razones eran claras, por un lado, el narcotráfico es un delito del fuero federal y, por otra parte, para entonces era más que evidente que el poder de corruptor y de fuego de los delincuentes era muy superior a la fuerza que las Policías estatales y municipales.

Sobre la presencia del Ejército y la Marina en las calles, surgieron cuestionamientos por la legalidad o no de tal medida. El fondo jurídico de esa discusión se resolvió hace apenas un par de meses, cuando el actual Congreso de la Unión aprobó una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Antes, al filo de la ley, en Coahuila y otras entidades se ensayó la formación de grupos de ex militares para que actuaran en labores policiacas. Además, mandos del Ejército en retiro se hicieron cargo de las Policías Municipales a fin de someter a sus agentes a la disciplina militar.

Bajo la misma filosofía, pero de manera distinta, en las autoridades coahuilenses acordaron con las Secretarías de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México la construcción de instalaciones para la tropa en diversos puntos de la geografía estatal. Hay cuarteles adecuados, no sólo para las unidades militares, sino también para las familias de los soldados.

Durante los procesos de someter a elementos policiacos al mando de militares en retiro, se registraron descontentos porque el grado de exigencia de quien se formó en el Ejército es mucho mayor que en los órganos de seguridad pública.

Para decirlo rápido, no todos los policías preventivos o estatales aguantan la mano dura. Al parecer las experiencias sobre este asunto no pasaron a mayores en varios de los estados que probaron la fórmula; sin embargo, tampoco puede hablarse de miel sobre hojuelas.

La reciente creación de la Guardia Nacional, la respuesta que la administración de AMLO ofrece para reducir la inseguridad en México, sufrió en su arranque una rebelión sin precedentes en el País, y las causas son muy similares a las que ya se experimentaron en los lugares donde se buscó que militares y policías actuaran juntos. Los métodos de trabajo de unos y otros provocó un encontronazo.

Para los policías  federales que se incorporan a la Guardia Nacional, es claro que el personal militar debe adaptarse al personal civil. Para ello esgrimen el artículo 21 de la Constitución Mexicana recién reformada: la Guardia Nacional es civil.

Además, los policías federales exigen no ser acusados de corrupción de manera generalizada. Ya van seis meses tratando de crear el nuevo cuerpo policiaco en México, y todavía no se concreta su operación. Habrá que estar atentos a este nuevo frente que se abre al gobierno de la Cuarta Transformación.