Hace 15 días, durante su más reciente aparición pública, Valeriano Valdés pronunció a nombre del Tribunal Electoral de Coahuila que junto a Ramón Guridi y Elena Treviño esperará la sentencia de la Sala Superior acerca de la fiscalización de la elección de Gobernador para tomar una decisión colegiada en un segundo momento.

Es decir, a toro pasado. A la facilita, pues. O como se publicó en este mismo espacio la semana pasada: elegirán la posición más cómoda dentro de los eventuales escenarios que podrían ocurrir.

“Lo que llegue a resolverse como consecuencia de esas impugnaciones ante la Sala Superior (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) de alguna u otra manera podrá impactar o trascender en el estudio que este Tribunal está llevando a cabo sobre ese punto en particular”, señaló (Reforma, 25/08/17).

Lo anterior significa que la terna de magistrados no quiere comprometerse. Que no se mojarán. Que han llegado a la conclusión de que calladitos se ven más bonitos. Que no arriesgarán una opinión para no quedar mal. Que no pisarán callos.

Al respecto y de manera natural surge una pregunta: ¿y para qué sirve, entonces, el Tribunal Electoral de Coahuila?

En el papel, al ser designados por el Senado de la República en diciembre de 2015, gozan de autonomía frente a los otros poderes estatales. En la práctica, no obstante, dependen económicamente del Estado, cuyo mandamás en el ejercicio de los recursos es el Gobernador debido al débil sistema de pesos y contrapesos en que se asienta la política.

Tomando en cuenta su dependencia financiera, ¿el Tribunal puede ser refractario a los comentarios de Rubén Moreira, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que cederá la estafeta el 1 de diciembre a Miguel Riquelme pese a que los medios de impugnación no han sido resueltos todavía? 

Una pregunta más: ¿tiene la capacidad para aislarse en una burbuja de neutralidad e independencia?

Por lo demás, lo que sentencie irá a misa pues no tiene autoridad plena. Técnicamente sus decisiones pueden ser recurridas por la Sala Regional del TRIFE, en Monterrey, y en segunda y última instancia por la Sala Superior. Su jerarquía es inferior, eso nos queda claro.

Sin embargo, más que Tribunal Electoral de Coahuila pareciera un dique de contención para que los asuntos menores no lleguen a los escritorios importantes y los saturen de trabajo.

Dicho de otra forma: cachan puras rolitas al pitcher pero a los tablazos importantes no le meten el guante.

Antes de la jornada electoral del 4 de junio, por ejemplo, resolvieron un juicio en enero, cinco en febrero, 13 en marzo, 10 en abril y siete en mayo. Un promedio de siete al mes. No intrascendentes, pero sí pequeños. Casos como la asignación de regidurías en municipios como Viesca, o expedientes de militantes extraviados en sus peticiones.

CORTITA Y AL PIE
En sociedades ávidas de un caudillo que las gobierne, como la nuestra, la opinión pública sólo se enfoca en el Poder Ejecutivo y, salvo alguna ocasión polémica y particular, los reflectores apuntan al Legislativo. El Judicial, en cambio, siempre se queda fuera de foco, ajeno al escrutinio, en la oscuridad.

Esto último sucede con la transparencia del Tribunal Electoral de Coahuila: cumplen con la obligación aunque no informan. Ponen a disposición de quien así lo desee un bloque de archivos virtuales, apilados sin glosa ni clasificación. Boletines en greña que nada comunican a un ciudadano de a pie, interesado en los asuntos públicos.

Y como en todos los juicios intervienen actores e intereses distintos no es tan simple determinar de qué lado se pandean. Hacia dónde se inclina la balanza. Por quién doblan las campanas.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
VANGUARDIA consignó el 25 de agosto que, hasta esa fecha, el Tribunal Electoral de Coahuila tenía pendiente por resolver el 50 por ciento de las impugnaciones recibidas a propósito de las elecciones del 4 de junio, pese a que han transcurrido tres meses desde que venció el plazo para impugnar.

¿Para qué retardar la inevitable nulidad en la elección de Gobernador?

@luiscarlosplata