Un niño busca comida en un mercado en ruinas de la localidad de Nariman, provincia de Osh, Kirguizistán. Foto EFE/Vanguardia
Moscú, Rusia.- Al menos 251 personas murieron en los choques étnicos que estallaron el 11 de junio en el sur de Kirguizistán, según el último informe de víctimas ofrecido hoy por el Ministerio de Sanidad de esa antigua república soviética en Asia Central.
De acuerdo con los últimos datos oficiales, en las regiones de Osh y Jalal-Abad resultaron heridas 2.192 personas, 1.033 de las cuales fueron hospitalizadas, informó la agencia kirguís 24.kg.

Mientras, la presidenta interina de Kirguizistán, Rosa Otunbáyeva, ha admitido que el número real de víctimas mortales es mucho mayor, y llegó a decir que las cifras oficiales deben "multiplicarse por diez".

Por otra parte, Otunbáyeva asegura que el referéndum constitucional convocado para el próximo día 27 no se aplazará pese a las tensiones en el sur del país.

En este sentido, el viceprimer ministro kirguís, Omurbek Tekebáyev, afirmó hoy que postergar la consulta tendría graves consecuencias.

"La cancelación del referéndum tendría consecuencias impredecibles. No podemos alterar el calendario", declaró Tekebáyev.

Según el viceprimer ministro, también las organizaciones internacionales insisten en realizar la consulta en la fecha establecida, informó desde Biskek la agencia rusa RIA-Nóvosti.

Las autoridades kirguises han denunciado que los partidarios del depuesto presidente Kurmanbek Bakíev buscan frustrar la celebración del referéndum constitucional convocado además para legitimar al Gobierno provisional.

"Nuestros adversarios hablan de la imposibilidad de celebrar el referéndum porque parte de la población no podrá votar. Pero (estos adversarios) deberían asumir su responsabilidad por resolver (en las urnas) la situación actual", señaló Tekebáyev al respecto.

Asimismo afirmó que ralentizar la celebración del referéndum contribuiría a la "posible aparición de otros actores ansiosos de aprovecharse de la situación de debilidad en Asia Central".

En tanto, la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE renunció a su intención inicial de enviar 300 observadores en misión a corto plazo a Kirguizistán "debido a la falta de seguridad por la inestabilidad en la república", anunció una portavoz del Comité Electoral Central.

Agregó que la ODIHR cuenta en el país centroasiático con 36 observadores en misión a largo plazo, principalmente analistas y juristas.

Según el Gobierno provisional, los choques entre kirguises y la numerosa minoría uzbeka fueron provocados y financiados por el entorno del depuesto presidente Bakíev, actualmente refugiado en Bielorrusia y cuya extradición demanda Biskek.

Las autoridades provisionales convocaron el plebiscito para recortar las facultades del jefe de Estado y convertir el país en una república parlamentaria, así como elecciones legislativas para el 10 de octubre.

El Gobierno provisional asumió el control del país tras los violentos enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y manifestantes opositores en Biskek el pasado 7 de abril, que llevaron al derrocamiento de Bakíev, acusado de corrupción y abusos.