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Guatemala.- Legisladores de Guatemala ofrecieron hoy su respaldo a las acciones de fortalecimiento financiero de las Fuerzas Armadas del país, como parte de los objetivos de seguridad y lucha contra el crimen organizado.
La diputada del Partido Patriota, Roxana Baldetti, dijo a la prensa que la mayoría de las bancadas en el Congreso apoyan las acciones para fortalecer la seguridad, por lo que encontró eco el pedido de mayor presupuesto de las autoridades militares para colaborar en esta tarea.

Reiteró que su fracción, -la mayor de oposición-, accedió a levantar las restricciones en el presupuesto general de la nación 2009 para que se transfirieran fondos adicionales al Ejército.

Las reformas al presupuesto para este año permitirán el traslado de unos 20 millones de dólares al Ministerio de la Defensa.

El titular del Ministerio de la Defensa, general Abraham Valenzuela, se ha reunido con representantes de las diferentes bancadas para exponer a los diputados las necesidades del Ejército, en especial ahora que ayudan en labores de seguridad y lucha contra el crimen.

Según el funcionario, con los recursos adicionales se trabajará en el proyecto de modernización del Ejército, así como en la compra de equipo, profesionalización y apertura de nuevas brigadas militares en los departamentos de Quiché y San Marcos.

Además se pretende contratar a dos mil efectivos en los próximos meses, que se destinarán a los destacamentos militares que se abrirán a nivel nacional como parte de las tareas contra el crimen organizado ordenadas por el presidente Alvaro Colom.

El vocero del Ejército, coronel Francisco Loranca, sostuvo que han recibido 362 solicitudes de colonias del área metropolitana, municipios, caseríos y aldeas de diversos puntos del país para que haya presencia militar para combatir a la delincuencia.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos, en cambio, rechazan el monto de presupuesto 'elevado' que se asignó al Ejército -por más de 172 millones de dólares, más el presupuesto extra- por considerar que le resta poder a la sociedad civil e instituciones como la policía.