La Jornada
México, D.F.- Las tres órdenes de aprehensión por presunto fraude en contra de Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, fueron canceladas por orden judicial.
El juez federal José Luis Trujillo Salceda, del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo, concedió la protección de la justicia al dirigente minero, tras considerar que las acusaciones en su contra carecen de sustento jurídico por lo que deben quedar insubsistentes las medidas cautelares libradas por tres jueces.

El Consejo de la Judicatura Federal informó mediante un comunicado que el amparo concedido por Trujillo Salceda es "definitivo" y suspende las órdenes de aprehensión giradas por jueces del Distrito Federal, San Luis Potosí y Hermosillo, Sonora.

La resolución emitida por el juez de amparo puede ser impugnada por la Procuraduría General de la República, la cual cuenta con 10 días hábiles para presentar un recurso de revisión que resolvería en definitiva un tribunal colegiado de circuito.

Si el Ministerio Público de la Federación no hace valer su derecho de impugnación, la sentencia causará estado y deberá ser ejecutoriada, lo que significaría que Gómez Urrutia ya no enfrentaría cargos penales y podría regresar a territorio mexicano sin que pudiera ser detenido.

El comunicado de la Judicatura precisó que "el juzgador concedió el amparo contra la orden de aprehensión librada por el juez 32 penal del Distrito Federal el 3 de julio del 2003, al no estar debidamente fundado y motivado el acto reclamado".

"Por lo que hace a las otras dos órdenes de aprehensión, del 12 de julio del 2006 por el juez quinto penal de San Luis Potosí, y la del 18 de mayo de 2006, por la juez 2ª de primera instancia con sede en Hermosillo, el juez Trujillo Salceda concedió el amparo porque existe una inexacta aplicación de la ley, ya que la legislación sustantiva de los estados de San Luis Potosí y Sonora, son inaplicables al caso concreto, dado que los hechos se dieron en el Distrito Federal".

Para el Sindicato Minero está claro que las acusaciones por fraude contra su dirigente "no tenían fundamento y obedecían a una persecución política que emprendió el gobierno de Vicente Fox contra Gómez Urrutia, por lo que tarde o temprano iban a ser desechadas legalmente".

Señaló la organización que aun cuando sólo le corresponde a los trabajadores la fiscalización de las cuentas de su sindicato, éste determinó hacer pública la información sobre el Fideicomiso Minero e incluso se mandó a realizar una auditoria sobre el mismo para que no hubiera la menor duda sobre el destino de este dinero.