Advierten de severas sanciones a maestros

Coahuila
/ 12 agosto 2008

    Además de ser privados de la libertad, los docentes que cometan delitos en las elecciones de octubre, perderían sus plazas

    Los maestros que incurran en delitos electorales no solo podrían perder su libertad sino también sus plazas como docentes, advirtió el titular de la Secretaría de Educación y Cultura, Jaime Castillo Garza.

    Al igual que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la  SEyC también tiene previstas duras sanciones contra los docentes que durante sus horas clase participen, promuevan o difundan a los candidatos de cualquier partido.

    Castillo Garza reveló que la Secretaría a su cargo ya advirtió a los maestros sobre este tema y les dejó muy claro cuales son sus limitantes, así como sus derechos y obligaciones como servidores públicos.

    "Nosotros también hemos estado participando en estas pláticas con la Fepade informando a los maestros de cuales son sus limitantes en ese aspecto y poniéndolos al tanto de las sanciones que pueden alcanzar en caso de incurrir en delitos electorales", declaró el Secretario.
    Destacó que de igual forma están advertidos todos los funcionarios de la SEyC quienes además de su tiempo no podrán hacer uso de recursos públicos con fines electorales.

    Aseguró que actualmente los maestros cuentan con información más precisa sobre este tema por lo que difícilmente un docente podría alegar desconocimiento de la ley o de las disposiciones que existen al respecto.

    "Creo que en la actualidad  todos los maestros están bien informados y saben perfectamente cuando estarían incurriendo en un delito electoral o cuando no, me parece que difícilmente alguno de ellos podría alegar que no sabía o que desconocía que tal o cuál acción representa un delito electoral", sostuvo.

    Sin embargó aclaró que tanto el área jurídica de la SEyC como otras instancias de la propia secretaría y de diferentes áreas de gobierno, se mantendrán atentas para evitar que maestros, directivos o funcionarios públicos incurran en delitos electorales.

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